Factibilidad de un gobierno de cohabitación para la reconstrucción:¿Es posible?
En una entrevista realizada el 22 de mayo de 2024, el Ahora presidente electo Edmundo González Urrutia delineó su visión para incluir a los chavistas en su futuro gobierno. Su propuesta de abrir espacios para la participación política de este sector, garantizando que no habrá persecuciones ideológicas, busca promover la reconciliación y la estabilidad en Venezuela. Sin embargo, esta postura inclusiva puede ser interpretada como un signo de debilidad ante el régimen de Nicolás Maduro. La historia reciente de países como Colombia, donde las negociaciones con grupos criminales han resultado en acuerdos incumplidos, sirve como advertencia. En Colombia, los criminales y violadores de derechos humanos han recibido más beneficios que las propias víctimas, siendo premiados con curules en el gobierno y ocupando cargos como diputados, alcaldes, congresistas, gobernadores e incluso presidentes. Al igual, habría que mantener en cuenta los atropellos, asesinato, violaciones de derecho, y las violaciones de derechos humanos, y la gran división entre venezolanos causando el éxodo de inmigración más grande que ha perpetrado el legado del Chavismo. La pregunta sería quién habla por ellos?.
La estrategia del régimen chavista se basa en tácticas de deslegitimación y represión. Maduro enfrenta críticas por fraude electoral, mientras González fue el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio, con planes de asumir la presidencia el 10 de enero de 2025, a pesar de su exilio en España. Las acusaciones de irregularidades, apoyadas por la comunidad internacional, especialmente la administración de Joe Biden, colocan al régimen en una posición defensiva.
En respuesta a la creciente oposición, el régimen ha intensificado su represión. María Corina Machado, una figura clave en la oposición, ha convocado varias protestas, lo que ha llevado a una reacción más agresiva del régimen. La represión se manifiesta a través de encarcelamientos masivos de manifestantes, sin importar la edad, encarcelando menores de edad y otros sin su debido proceso. Secuestros y desapariciones forzosas, torturas, violaciones de derechos humanos, asedios policiales y amenazas a líderes opositores, además de homicidios, muestran la disposición del régimen a usar la fuerza para mantener su control.
Además, la Asamblea Nacional, dominada por el régimen, está considerando una legislación que inhabilita políticamente a quienes promuevan sanciones internacionales. Esta medida busca silenciar cualquier resistencia, mientras la retórica entre el chavismo y la oposición se intensifica, con Maduro advirtiendo sobre las consecuencias de desestabilizar su gobierno.
En este contexto, Maduro intenta juramentarse como presidente el 10 de enero, desoyendo las denuncias de fraude. Su reciente decreto que borra el 10 de enero como fecha en el calendario y lo reemplaza por el 32 de enero, que no existe, es una de las tantas ideas descabelladas de un dictador. Esta acción se percibe como una burla a la comunidad internacional y a la dignidad del pueblo venezolano.
El nuevo gobierno de González debe ser firme en la defensa de los derechos de los venezolanos y asegurarse de que Maduro y sus aliados no puedan escapar con los recursos del país mientras la población continúa sufriendo. La administración de González debe priorizar la justicia y la rendición de cuentas, garantizando que la inclusión política no se utilice como una vía para proteger a los responsables de la crisis actual, sino como un verdadero compromiso con el cambio en el país. La justicia a de ser primordial para la justicia y la propia fundación de una presidencia González.
Al asumir el poder, el presidente Edmundo González Urrutia debe implementar una purga total de las unidades gubernamentales, centrándose en las fuerzas armadas, la policía y todas las agencias de inteligencia. Este proceso es esencial para que el nuevo gobierno opere de manera efectiva y libre de las influencias del régimen anterior.
Es crucial tomar medidas decisivas
Desmantelar estructuras corruptas: Identificar y destituir a aquellos funcionarios y agentes que han colaborado con el régimen de Maduro es vital para restablecer la confianza pública y garantizar la seguridad.
Expulsar agentes extranjeros: Se debe trabajar en la identificación y expulsión de todos los agentes de gobiernos que hayan apoyado al régimen, evitando que permanezcan en el país y socaven el nuevo gobierno.
Verificación del sistema de identificación nacional: Es fundamental revisar el sistema de identificación nacional y cancelar las cédulas y pasaportes emitidos a agentes extranjeros y criminales. Esto no solo restaurará la integridad del sistema, sino que también protegerá a la población de infiltraciones.
Colaboración internacional: El nuevo gobierno debe establecer relaciones con países que tengan procesos de extradición para garantizar que aquellos que han violado la ley en Venezuela, incluidos los miembros del régimen, respondan por sus crímenes. Estos crímenes incluyen narcotráfico, desapariciones forzosas, tortura, terrorismo de estado, ejecuciones extrajudiciales, fraude electoral, homicidios, secuestros y violaciones de derechos humanos. Esto es esencial para la justicia y la rendición de cuentas.
Fortalecimiento de las instituciones: Es necesario crear nuevas instituciones que sean transparentes y responsables, alineadas con los principios democráticos, asegurando que el gobierno esté compuesto por personas comprometidas con el bienestar del pueblo venezolano.
Desarme de los colectivos: Es imperativo llevar a cabo el desarme de los colectivos y la desactivación de estos grupos al margen de la ley en el territorio nacional. Esto es fundamental para restaurar la seguridad y la paz en las comunidades.
Modificación de sistemas de computarización: Se debe desactivar y modificar los sistemas de computarización del país que operan las agencias de inteligencia, las fuerzas militares, la policía y otras entidades que fueron proporcionadas por países como Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Esto garantizará que el nuevo gobierno tenga control total sobre sus sistemas de seguridad y defensa.
Reformas económicas: Implementar reformas económicas urgentes que fomenten la inversión y la recuperación del sector productivo, garantizando el acceso a bienes y servicios básicos para la población.
Plan de atención humanitaria: Desarrollar un plan integral de atención humanitaria que aborde las necesidades inmediatas de la población, incluyendo salud, alimentación y educación, para mitigar los efectos de la crisis actual.
Fomento del diálogo social: Crear espacios de diálogo con todos los sectores de la sociedad civil, incluidos grupos vulnerables y organizaciones no gubernamentales, para construir consensos y fomentar la participación ciudadana en la reconstrucción del país.
Restructuración del sistema judicial: Iniciar un proceso de reestructuración del sistema judicial para garantizar su independencia y capacidad de actuar contra la corrupción y violaciones de derechos humanos.
Si se permite que el enemigo permanezca en el interior, el nuevo gobierno enfrentará significativas dificultades para gobernar y avanzar en la reconstrucción del país. Estas acciones deben formar parte de una estrategia integral para garantizar un futuro estable y democrático en Venezuela. La determinación y firmeza en estos primeros pasos serán fundamentales para establecer un nuevo orden que priorice la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Conclusión
La factibilidad de un gobierno de cohabitación que permita la reconstrucción institucional y moral de la República es un objetivo que resulta difícil de alcanzar bajo posturas populistas de inclusión. La historia ha demostrado que tales enfoques a menudo protegen a quienes han contribuido a la crisis actual, en lugar de buscar justicia y rendición de cuentas.
El Chavismo y Madurismo ha llevado a cabo graves violaciones de derechos humanos y crímenes de los cuales tendrán que ser visto de bajo de la justicia para poder salir hacia adelante y sobrepasar problemas de profundidad. Sin un compromiso claro de desmantelar las estructuras corruptas y enfrentar los crímenes del régimen, cualquier intento de reconstrucción estará condenado al fracaso. Para que la reconstrucción sea posible, es imperativo adoptar una postura firme que priorice la justicia, la verdad y la restitución de los derechos humanos, en lugar de ceder a las tácticas de conciliación que solo perpetúan el ciclo de impunidad.
Por, William Acosta, NYPD, (Ret) and Jesús Daniel Romero, USN, (Ret)
Créditos
Este artículo se basa en información de diversas fuentes periodísticas y análisis de expertos en la situación política y social de Venezuela. Agradecemos a los siguientes medios de comunicación y periodistas por su valiosa cobertura y reportajes:
El Nacional, ABC Color, La Prensa, The New York Times and Venezuela Analysis
Sus investigaciones han sido fundamentales para comprender el contexto actual y las implicaciones de las políticas propuestas por el gobierno electo de Edmundo González Urrutia. Sin su trabajo, este análisis no habría sido posible.
