Narcoabogado.
¿Se ha preguntado alguna vez por qué hay abogados que defienden a personas incluso cuando sospechan que son culpables?
En términos legales, la respuesta es inequívoca: los abogados solo están haciendo su trabajo, lo que nos lleva a la siguiente pregunta:
¿Defender a alguien que es culpable hace que un abogado sea inmoral?
En el campo de la ética jurídica existe la teoría de la amoralidad, que establece que los abogados no son responsables de lo que hacen siempre que representen a sus clientes dentro de la ley.
Esta afirmación abre otra gran pregunta… ¿Es inmoral que un abogado defienda a un Narcotraficante de hecho actualmente ya designados como terroristas en varios países?
Veremos que si un ciudadano ayuda a uno de estos criminales, ademas de las consecuencias legales, su comportamiento es obviamente inmoral, pero un abogado penalista, sin embargo, tiene la obligación legal de mantener los secretos de su cliente, ya que hacerlo le convertiría en un mal abogado.
Los abogados están obligados a proteger a sus clientes y garantizar que tengan las máximas garantías durante el proceso legal.
Por lo que no incurren en un comportamiento inmoral porque no es el abogado como persona quien está ayudando al presunto criminal.
Es el abogado, dentro de un contexto profesional e institucional, y es en ese contexto lo que justifica su papel dentro de los derechos y las obligaciones del abogado.
Algo claramente inmoral desde una perspectiva personal, como retener información de un criminal, está justificado desde el punto de vista de un abogado.
Esta teoría de la amoralidad permite a los abogados hacer cosas que serían consideradas inmorales a nivel personal.
La película El abogado del diablo; que a pesar de que tiene varios años de haberse exhibido, su planteamiento es aún vigente, toda vez que plantea reflexiones sobre la ética profesional y la libertad de decisión.
También invita a considerar el derecho a una defensa efectiva.
Hoy observamos el papel de los abogados de los narcotraficantes, y más allá de las polémicas y la guerra de acusaciones en diversos foros de discusión, es indispensable analizar con detenimiento la complejidad de esta figura en nuestro actual sistema de justicia.
A pesar de que probablemente se trata de criminales cuyas actividades han afectado gravemente la seguridad pública e incluso, la seguridad nacional y el bienestar de la sociedad, estas personas tienen la garantía de que sin importar los delitos que se les imputen, tienen derecho al debido proceso y a contar con una defensa legal adecuada. Pero ahora viene otra pregunta ¿Que diferencia existe entre abogados de narcotraficantes y los narcoabogados, términos que, si bien resultan similares en apariencia, comprenden realidades completamente diferentes.
Los primeros son aquellos profesionales que se dedican a la defensa de personas acusadas de narcotráfico y pueden ser defensores de oficio o especialistas particulares contratados por las familias o por los propios acusados.
No solo representan a cientos, si no miles, de individuos que enfrentan procesos judiciales por delitos relacionados con el crimen organizado incluido el Narcotráfico y ahora también aumentará la defensa sobre acusaciones de terrorismo y que incluso de aquellos que operan en los eslabones más bajos de la organización criminal, como narcomenudistas, veladores, sicarios, chóferes o pequeños cultivadores de drogas y todos los involucrados en las diversas fases, incluyendo a los lavadores de dinero y presta nombres.
Pero el segundo perfil, los narcoabogados, es un grupo que está representado por despachos jurídicos especializados que han desarrollado un modelo de negocio orientado a prestar servicios legales a acusados de narcotráfico de alto nivel o narcos VIP.
Estos despachos no solo actúan en la defensa de sus clientes, sino que también conforman redes de apoyo económico y político, apoyadas en alianzas estratégicas y relaciones públicas que van forjando en su vida profesional.
Es normal ver a estos abogados en eventos sociales, compartiendo espacio con legisladores y dirigentes de partidos, al tiempo de asistir a foros, seminarios y cualquier lugar donde puedan forjar una relación que traerá beneficios a futuro, lo cual ha generado críticas y cuestionamientos sobre la ética de su involucramiento en la esfera pública y con que finalidad forjan esas alianzas con las que construyen rutas para ganar casos por medio de la corrupción y no por hacerlo con la ley en la mano, por lo que estos profesionales no se limitan a la defensa jurídica en sentido estricto; buscan formas y rutas para ganar incluso, fomentando la corrupción y su rol se inserta en la estructura del crimen organizado.
Otra función que realizan es dar consultoría y asesoramiento para diseñar protocolos y mecanismos que faciliten el lavado de dinero y otras operaciones financieras ilícitas.
La participación de estos abogados en actividades delictivas no solo desafía la integridad del sistema legal, sino que también plantea serias preguntas sobre la complicidad y la corrupción que pueden permear las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley.
Codigo Magenta publica un reportaje sobre los abogados el caso del Mayo Zambada es tema que habrá que investigarse y analizar ya que puede ser uno entre muchos que pudieran evidenciar la presunta vulnerabilidad del sistema legal ante la injerencia de actores que operan en los márgenes de la legalidad la influencia y vínculos con estructuras del poder, logrando de esta forma fomentar la impunidad y la injusticia.
Un tema que se debe tener también en el radar.
