En los primeros días de octubre llegará a México una delegación del más alto nivel de las áreas de seguridad de los Estados Unidos de América para evaluar los resultados del Entendimiento Bicentenario, especialmente el desempeño de México en temas del narcotráfico. Además de la detención y extradición de Ovidio, el gobierno mexicano podrá mostrar decomisos de millones de dosis de drogas sintéticas y la incautación de numerosos narcolaboratorios.
Ambos Gobiernos; abordan desafíos comunes, mientras respetan la soberanía de cada uno y las respectivas agendas de política exterior, pero se abren numerosos interrogantes sobre los límites y alcances del concepto soberanía nacional, particularmente frente a la necesidad de abordar colectivamente y con cierto éxito no sólo los temas de seguridad y paz regional, sino todo una amplia gama de bienes públicos regionales que demandan políticas transnacionales y una eficiente estructura institucional y normativa de carácter regional. En este marco, más allá de los temas ya presentes en la agenda regional actual, cooperación energética, finanzas, infraestructura y agenda social, crecientemente se van ubicando en un primer plano (y con urgencia de respuestas) una serie de temas nuevos de carácter transnacional como el de Defensa y Seguridad frente a la situación hemisférica multidimensional a largo plazo.
La semana pasada en una Conferencia Magistral del Dr. Roberto Pereyra; profesor Emérito del Colegio Interamericano de Defensa, organizada por el World Future Society Capítulo Mexicano, conectándonos vía virtual con más de 60 personas de diversos países, algunos egresados de mi Alma Mater el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry y otros asistentes del Colegio Interamericano de Defensa, entre civiles, militares, reflexionamos sobre los diferentes conceptos de seguridad humana y seguridad multidimensional y su enfoque en la protección de los derechos humanos en nuestra región.
En estos nuevos tiempos y ante las nuevas tendencias es importante promover y coordinar la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el Sistema Interamericano y otras instancias del Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efectivamente a las amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros de la OEA.
En ese sentido, es necesario un cambio de paradigma que articule las estrategias de seguridad ubicando al ser humano en el centro de las políticas públicas e internacionales.
Por otra parte debemos traer a nuestro radar aquel pensamiento de Blas de Lezo que decía: “Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque los que la aman no la defienden”.
Hoy en día nuestras naciones están siendo afectadas por diversas amenazas comunes y no es posible defenderla de forma unilateral, argumentando una falsa defensa de la soberanía nacional, por lo que debería cambiarse ese pensamiento por uno más amplio, y empezar hablar de defender la soberanía regional, cuyo objetivo debe ser resolver las necesidades de millones de seres humanos afectados en todos los países que integran este hemisferio, por las inseguridades provocadas por la globalización en los ámbitos militar, criminal, político, económico, social, cultural y medioambiental.
Hay que abordar una auténtica estrategia con una nueva visión de integración global que contenga una política de seguridad humana para que las personas y los pueblos puedan vivir libres de necesidad y libres de temor, que promueva la gobernabilidad democrática, el crecimiento con equidad y la superación de la extrema pobreza.
Apostar por este nuevo concepto requiere de análisis multidisciplinares capaces de aglutinar las múltiples y complejas causas que determinan las condiciones de inseguridad de las personas.
Derivado de lo anterior; la seguridad humana dejará de ser competencia en exclusiva de los expertos en relaciones internacionales o de estrategas en geopolítica; hoy requiere de visiones procedentes del campo económico, político, medioambiental, antropológico y de género, entre otros. Igualmente, es preciso mencionar sobre la creación de políticas públicas con nuevos enfoques: del mismo modo que la seguridad nacional desarrolló una estrategia militar y construyó todo un entramado militar-industrial, el enfoque de la seguridad humana requiere de políticas nacionales e internacionales que garanticen a todas las personas la capacidad de formar parte de su propio desarrollo. Es decir al mismo tiempo que el grueso de los recursos se destinan a aumentar nuestras capacidades militares y policiales, blindando nuestro primer círculo de amenazas exteriores, se debe incrementar el impulso de estrategias y presupuesto para acercarnos a la renovación de instituciones de seguridad y justicia para que precisamente la paz y la justicia imperen, que es, en definitiva, a lo que una política de seguridad humana debería aspirar.
El agotamiento del modelo de nacionalismos ha dado paso al inicio de una nueva fase en el proceso de integración regional, foros e instancias multilaterales diversas, cuyo perfil no está aun claramente definido, pero que marcan los lineamientos generales de un proceso de regionalismo con características propias, nos remiten a la reafirmación de la soberanía nacional como principio constitutivo del legado jurídico latinoamericano, a la reticencia por parte de las naciones a cualquier cesión de la misma en aras de algún ordenamiento jurídico supranacional, junto con un cuestionamiento implícito al sistema interamericano.
Sin lugar a dudas, los intentos de los gobiernos latinoamericanos por insertarse favorablemente en la llamada globalización, así como los efectos producidos por los procesos de integración regional y subregional, son variables que plantean algunos problemas para el desempeño de las naciones y estados de la región. La globalización en principio debería favorecer la protección del Estado, lo paradójico del asunto es que de no concretar la integración entre las naciones, se agudizan los riesgos externos y, en consecuencia, potencia las demandas y planes gubernamentales para hacer frente a las diversas contingencias presentadas. En ese contexto, los estados deben incorporar funciones y preocupaciones que derivan de la integración a través de modificaciones al aparato estatal que muchas veces lo conflictuan; conflictos que van desde los más simples referidos a transformaciones administrativas y técnicas, hasta los de alta complejidad como pueden ser las modificaciones a las concepciones y políticas de seguridad externa e interna, soberanía, integridad territorial, defensa de los intereses nacionales, etc. Las apreciaciones sobre el tema de seguridad nacional en las relaciones bilaterales y multilaterales también sufren impactos y modificaciones, ya que los procesos de integración pueden ser interpretados muchas veces como negativos para los intereses nacionales en la medida de que sus efectos no se visibilizan en el corto plazo y sus resultados no incorporan a sectores pobres, marginales o populares.
En esta percepción negativa se incluyen además grupos empresariales vinculados de una u otra forma con el Estado, movimientos sociales, determinados partidos políticos, intelectuales e incluso se extiende hacia áreas castrenses. Es frecuente, por ejemplo, observar posicionamientos y discursividades en torno a la defensa de los intereses estratégicos nacionales como la producción petrolera o los recursos marítimos, factores que definitivamente crean cuadros de escepticismo en relación al Estado como cuerpo integrador en términos nacionales.
Considerando esta perspectiva y ante un mundo industrializado, se está haciendo cada vez más pequeño a causa de la interdependencia y acceso a la información, lo que hace cada vez más grande a raíz de la fragmentación y fracaso de los estados, la desafección por la participación política, el aumento de la corrupción, el descrédito de los sectores dirigentes, los términos desfavorables de intercambio comercial, los estragos producidos en la ecología y medio ambiente, y el incremento constante de la inseguridad
La ausencia de seguridad de los latinoamericanos es vista como incertidumbre económica, producto del subdesarrollo y del déficit de una infraestructura adecuada, de la insuficiencia productiva, de la existencia de estructuras económicas y sociales injustas, de una distribución inadecuada del ingreso y de la ausencia de condiciones mínimas de vida para amplios sectores de la población. Es vista también como inseguridad social, producto del desempleo, del aumento de la delincuencia, de la violencia cotidiana, de la destrucción del sistema ecológico y de la carencia de compromisos multilaterales compartidos para tratar de solucionar los efectos de un manejo inadecuado e irracional de los recursos humanos y naturales. A su vez, esta serie de problemáticas, no tendrían mayor sentido si dejamos de relacionarlas con una de las fuentes principales de inseguridad. Me refiero a la inseguridad política, expresada como la incapacidad de los gobiernos al momento de diseñar adecuadas agendas y políticas públicas que garanticen una verdadera construcción democrática con rasgos plausibles de gobernabilidad. No es de sorprenderse, entonces, que varios de los programas y planes de seguridad de las Fuerzas Armadas de la región conciban a la ingobernabilidad y sus efectos en la sociedad como una causa de inseguridad nacional.
Es evidente que la manipulación y distorsión de los sistemas de participación y representación como el Senado, el Congreso, partidos, movimientos sociales, instituciones electorales, sistema de administración de justicia, por parte de fuerzas políticas atomizadas al máximo, ha dado lugar a situaciones extremas de inestabilidad política que condicionan la definición de estrategias para resolver el desarrollo económico y social, alimentando, de esa manera, fuentes potenciales de conflictos. Y en la medida en que estos factores inciden en el ámbito internacional, al inhibir las opciones para resolver adecuadamente la inserción de los países en los procesos de integración y, consecuentemente, encarar con solvencia la resolución de conflictos y relaciones con los países vecinos la situación de inestabilidad política, asumida como crisis de gobernabilidad, puede ser vista por las Fuerzas Armadas como un verdadero problema de seguridad. Es por ello; que los recientes cambios políticos ocurridos en América Latina ubican a la construcción democrática como un interés compartido y prioritario para todos los estados nacionales. A la democracia ya no se la concibe sólo como un valor en sí o como un recurso legitimador que pueden hacer valer los gobiernos en los planos externos e internos, sino que ahora la democracia ha pasado crecientemente a ser vista como un componente clave de seguridad. Se ha ido creando un importante grado de consenso en el sentido de que para enfrentar con éxito los actuales y futuros desafíos de seguridad, la región requiere fortalecer los sistemas democráticos de gobierno y trabajar los países en unidad será la clave en el futuro.
En términos generales, se debe considerar que las factibilidades de los criterios aquí expuestos en torno a posibles dimensiones alternativas de seguridad regional y consolidación democrática, pueden parecer simples, ya que es más fácil enunciarlas que hacerlas realidad. En lo concreto, la posibilidad de desarrollar una noción integral y cooperativa de seguridad regional, que sea satisfactoria tanto para los intereses de los países latinoamericanos y de los estados Unidos y Canadá en el Continente Americano, está atravesada por la presencia de numerosos problemas, especialmente cuando se encara una realidad internacional que está en constante cambio y en la que otros actores, generalmente más poderosos, también intentan imponer sus agendas, políticas y concepciones (Los competidores de los Estados Unidos de América). En la medida en que las tendencias globales que predominan en este incierto período se perciban como amenazas, los Estados Unidos pueden tratar de reforzar su presencia en el ambiente más familiar y manejable del hemisferio interamericano, asegurando un acceso preponderante de las empresas e intereses estadounidenses a los mercados y recursos latinoamericanos. De esa forma, las posibles pérdidas causadas por la desaparición o limitaciones de su hegemonía global, podrían ser compensadas con una reafirmación de sus acciones en la región. En síntesis, el deseo factible o imaginario de nuestros países se encamina hacia la redefinición de los roles, capacidades, voluntades e intencionalidades que nos debería corresponder como estados nación y sociedad en el actual orden jerárquico regional e internacional.
En lugar de conectarse en ideas arcaicas contra los Estados Unidos de América, una potencia hiperinvolucrada en temas transnacionales, a través de respuestas nacionalistas, los países latinoamericanos deberían mirarse a sí mismos y percibir los problemas comunes, el crimen organizado trasnacional, la dificultad generalizada, por ejemplo, para dotar de legitimidad a las autoridades y proveer a las sociedades de bienes públicos básicos, etc. Por qué no hay una ley que estipule que el comercio es la única forma, eterna y fundamental, para la integración regional. Hay otras, como la Defensa, la seguridad, los derechos humanos, la educación básica y universal de calidad, un sistema de salud eficiente y el acceso a la justicia y al crédito. En ese contexto, verbigracia, podemos institucionalizar la comunicación de los bancos centrales de los países de la región para evitar el lavado de dinero pero al mismo tiempo, crisis financieras y facilitar el crédito. Podemos integrar los sistemas de seguridad pública y pautar una agenda de discusión regional en este terreno a nivel fronteras. Podemos intensificar los esfuerzos en infraestructura, en especial para el transporte intrarregional; facilitar las transacciones económicas y el movimiento de mercancías y personas; abandonar la idea restringida del comercio per se y, por la vía de otros temas en común abrir una puerta de comunicación con todos los países que integran esta región. Esto no significa apartarse de una red de seguridad nacional para enfrentar las amenazas externas, al contrario, es fortalecer una seguridad regional para fortalecer las soberanías de los pueblos que integran este hemisferio.
Es momento de que los países de la región empiecen a pensar en una nueva alianza militar, policial y de justicia e incrementar los vinculos para formar una institución futura de inteligencia regional y de intercambio de informaciones y de entrenamiento regional conjunto para enfrentar los nuevos desafíos.
Para lograrlo, sin embargo, es preciso redireccionar los esfuerzos, tanto en lo que respecta a la política interna como a la externa. ¿Qué precisan los latinoamericanos? ¿Escuelas, hospitales, seguridad, justicia y oportunidades, o revoluciones, dictadores, bombas nucleares y expansión militar? En última instancia, la conjunción de esfuerzos en la construcción de un ámbito público más fuerte mejorará la seguridad regional, conteniendo las posibles amenazas nacionales y transnacionales. Esto servirá, también, para contener la violencia, potenciar la política, impulsar el comercio y la inversión, y mejorar la calidad de vida. Unirse para tener un poder supranacional fortalece la soberanía, frente a los actores estatales y no estatales que pretenden atacar países enteros.
