México: La reforma al Poder Judicial es un Golpe de Estado Técnico
Un golpe de Estado significa el desconocimiento del orden constitucional por parte de un órgano constituido; el Golpe de Estado Técnico al Poder judicial, es la última estocada a la República Mexicana, a su división de poderes y al Estado Democrático, porque consiste en sustituir un poder establecido por otro distinto, en acciones promovidas por uso ilegal de los instrumentos del Estado en este caso el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa que se discute en la cámara de Diputados tiene otros fines más allá de mejorar el sistema de justicia; es la toma de dos poderes (El ejecutivo y Legislativo), sobre el otro, (El Judicial), toda vez de que violentando el proceso legislativo para crear normas jurídicas este se desvirtúa por la mayoría oficialista para tratar de controlar al Poder Judicial; de ahí que puede decirse que es un “Golpe de Estado técnico”. Es decir; quitar a una autoridad sin el uso de la fuerza, pero sí a través de la técnica legislativa, basado en una mayoría en la Cámara de Diputados, para luego ser estudiada dicha iniciativa en la Cámara de Senadores y de ser aprobada pasarla a las legislaturas de los estados donde también morena y aliados tienen mayoría legislativa con el argumento demagógico, en el aprovechamiento de la ignorancia y la falta de conocimientos de una sociedad.
Con esa “mayoría calificada”, el Congreso federal está en posición de cambiar la Carta Magna para sacar adelante la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que contempla la reestructuración del poder judicial, pero tambien debemos recordar que desean la desaparición de varios organismos autonomos reguladores que sirven de contrapeso al gobierno, pero sobre estos organismos reflexionaremos en otro articulo, para concentrarnos en la reforma al Poder Judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera que un “Golpe de Estado técnico” se produce, cuando se configura una intervención que compromete aspectos como independencia y autonomía.
Por ello; es importante que los legisladores razonen su voto antes de que una decisión política que eche abajo lo logrado hasta el momento en México en materia de división de poderes y de justicia.
En una carta entregada a la CIDH en Washington DC, por los magistrados Juan José Olvera López y José Manuel Torres, se indica que existe el riesgo de que México se convierta en “una dictadura” si se modifica la Constitución para permitir que los jueces del país sean designados por la vía de las urnas y el procedimiento sistemático de selección que entre otras cosas no observa una exigencia en los años de experiencia y del servicio profesional de carrera de cada posible candidato.
En la misiva, se indica que la iniciativa se sustenta “en la fuerza de una mayoría legislativa no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales”, bajo un “manto de discurso aparentemente democrático” y en ese sentido son más de mil jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que solicitan por medio de esa carta que la CIDH garantice los derechos humanos de la sociedad mexicana ante el proyecto de dictamen de reforma judicial, que consideran como un “grave detrimento de la democracia representativa”.
En los primeros días de septiembre de 2024; la Cámara de Diputados ya violentó el proceso legislativo al discutir y votar la reforma del Poder Judicial, porque no se determinó previamente la posibilidad de hacer cambio de sede, porque después de que manifestantes bloquearan el acceso a la Cámara de Diputados, Morena y aliados decidieron cambiar de sede sin iniciar el procedimiento respectivo y simplemente ordenaron de manera ilegal irse a sesionar a un deportivo y definitivamente eso, no es lo correcto.
El Reglamento de la Cámara de Diputados prevé en el artículo 292; que en caso de que exista algún impedimento para que los diputados “se reúnan o sesionen en el recinto legislativo, los órganos de gobierno habilitarán sedes alternas para desahogar el trabajo legislativo de manera semipresencial, con la finalidad de salvaguardar la seguridad” de los empleados y funcionarios públicos “y asegurar el ejercicio de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias”.
Laura Ballesteros, Diputada integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) y Secretaria General de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, rechazó la propuesta del partido Morena para discutir y votar la reforma al Poder Judicial en el Deportivo Magdalena Mixhuca.
Y es que procedimentalmente no se puede definir un cambio de sede como se está haciendo porque se viola el artículo 289 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sin que antes la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva tomen ese acuerdo en el recinto de San Lázaro.
En ese sentido; es una falta procedimental también el hecho de que la Jucopo se encuentre tomando acuerdos fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, puesto que se violenta con eso también el artículo 289 del reglamento de la Cámara.
El Quid del asunto; es que se ha discutido intensamente en México frente a los embates provenientes de diversos actores políticos dentro de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra del poder Judicial, de hecho sigue estando pendiente lo que se tendrá que decidir sobre la previsible inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal en materia de fideicomisos, contra la que fueron presentados cientos de amparos e incluso alguna acción de inconstitucionalidad. La Suprema Corte, en una atinada decisión del ministro Javier Laynez, decidió suspender los efectos de tal reforma hasta en tanto no se decida sobre su cuestionada constitucionalidad, lo que quiere decir que los fideicomisos existentes seguirán como hasta antes de la reforma, al menos durante algunos meses más.
También se ha discutido intensamente en México sobre el valor de la independencia judicial, como pilar fundamental del principio de división de poderes que debe caracterizar a cualquier sistema político de democracia constitucional, incluso, el Embajador de los Estados Unidos y el Embajador de Canadá en México también han señalado que esta reforma puede afectar las relaciones con los tres países que integran el tratado de libre comercio en América del Norte.
Ken Salazar dijo que la reforma al poder Judicial “si no se hace bien, puede traer muchísimo daño”.
Por su parte; Graeme Clark, embajador de Canadá, señaló que los inversionistas de su país “están preocupados, quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas”.
Estas declaraciones, provocaron la indignación del presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que envió cartas diplomáticas a los gobiernos de ambos países porque no se acepta que representantes diplomáticos de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo corresponde dirimir a los mexicanos.
Además; el presidente mexicano, anunció que pone en “pausa” las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en su país, pero el embajador de Estados Unidos dijo que pese a la “pausa” que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador a la relación por las críticas a la reforma judicial, siguen trabajando, además que expresó su respeto al titular del Ejecutivo del Estado Mexicano, “hay muchísima preocupación”, expresó el embajador y negó que ante estas “preocupaciones” por la reforma judicial se esté quitando soberanía a México. “Seguimos trabajando con el gobierno de México y lo seguiré haciendo, trabajamos todos los días sin cesar” y comentó y resaltó que México y Estados Unidos “somos una familia”.
Han sido muchas las voces razonadas y razonables que se han levantado en defensa del Poder Judicial de la Federación, no quiero decir con ello que no se requiera una reforma para el mejoramiento de la justicia mexicana, claro que dicho mejoramiento es indispensable. Por ejemplo, como lo ha mencionado el Dr. Miguel Carbonell en el sentido de que necesitamos una justicia que se imparta con el apoyo de las nuevas tecnologías, que permitan simplificar procedimientos y acelerar trámites. Lo previsto en materia de justicia digital en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con todo y sus limitaciones, puede ser un ejemplo a seguir.
Además del uso de las nuevas tecnologías, a la justicia mexicana le hace falta contar con suficiencias presupuestales que se le han negado desde hace décadas. Quizá sea momento de incorporar a la Constitución un porcentaje mínimo del presupuesto federal que se destine para el Poder Judicial o incluso un principio de no regresividad, para que no se busque castigar a las personas juzgadoras —por medio de restricciones presupuestales— por haber tomado decisiones que no sean del agrado de los demás poderes públicos. La garantía presupuestaria es esencial para ejercer de forma independiente la jurisdicción. Ninguna decisión judicial debe ser castigada quitándole recursos al conjunto del órgano. La única forma de revocar una decisión judicial debe ser a través de la presentación de los respectivos recursos legales, tal como están previstos en el ordenamiento jurídico.
Otro tema en el que hay que poner atención es en las condiciones de acceso a la justicia ya que los tribunales mexicanos siguen estando lejos de los grupos más vulnerables de la sociedad y necesitamos esquemas de legitimación procesal más amplios y sencillos, pero también se requieren mayores medios materiales y presupuestales para las defensorías públicas, así como para los servicios periciales que trabajan en apoyo a nuestros tribunales.
No tenemos que tenerle miedo incluso a discutir sobre la forma en la que son electos nuestros jueces constitucionales, incluso los de más alto rango, pero sin caer en soluciones que no tienen parangón en el derecho comparado, como lo es la idea de elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte. Esa es una de las reformas que, desde mi punto de vista, no se requieren y serían peligrosas. Discutamos más bien de lo sustantivo; es decir, de todo aquello que puede hacer que los tribunales mexicanos trabajen mejor y a mucha mayor velocidad. Lo demás hay que dejarlo para el anecdotario de las ocurrencias.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo en redes sociales: “Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, aunque omitió que se trata de jueces estatales, no federales.
También omite decir la Dra. Sheinbaum que en un sistema donde se selecciona a los jueces y magistrados a través de un sorteo o tómbola, tal como está propuesto en la reforma al Poder Judicial mexicano, la capacidad y el mérito de los aspirantes quedan en segundo plano.
Se debe tener en el radar que los tribunales juegan en México un papel crucial en el sistema de justicia mexicano, actuando como árbitros entre los ciudadanos y el poder público, utilizando la Constitución como guía principal para resolver controversias.
Dentro de los diversos aspectos que contiene la reforma judicial, cómo sustituir a la Suprema Corte, cambiar a un órgano de la administración judicial, crear un tribunal de disciplina, y diversas modificaciones sustanciales al juicio de amparo, lo más inquietante es la propuesta de elegir a jueces y magistrados sin experiencia mediante voto popular, argumentando que tal cambio podría politizar la justicia y socavar la independencia judicial.
No se debe olvidar que durante los últimos 30 años, el Estado mexicano ha promovido un sistema de carrera judicial, cuyo objetivo es que los jueces y magistrados sean seleccionados con base en su capacidad y méritos acumulados a lo largo de su trayectoria. Este sistema prioriza la experiencia, el esfuerzo y la demostración de habilidades adquiridas a lo largo de los años en el ámbito judicial. Normalmente, un juez promedio requiere entre 10 y 20 años de experiencia previa en la carrera judicial antes de alcanzar la responsabilidad de juzgar los asuntos de sus semejantes, poniendo en el centro la importancia del mérito y la capacidad en el proceso de selección y con la reforma que pretenden aprobar, los aspirantes, ya no necesitarán haber estado en los tribunales, simplemente basta que tengan un título de licenciatura en derecho y ya, para poder pasar posteriormente a una tómbola.
Por lo anterior se puede afirmar que en un sistema donde se selecciona a los jueces y magistrados a través de un sorteo o tómbola, la capacidad y el mérito de los aspirantes quedan en segundo plano, porque en lugar de priorizar la eficiencia y el esfuerzo demostrado a lo largo de la carrera judicial, este nuevo proceso que pretenden aprobar, se enfocará en la popularidad y la capacidad de los candidatos para conseguir votos y esto, politiza el sistema de justicia, abriendo la puerta a influencias de grupos políticos, económicos, del crimen organizado e incluso religiosos, que buscarían intervenir en la selección de jueces para favorecer sus propios intereses y me parece que esto es muy preocupante porque se pierde la Independencia judicial como eje fundamental para la defensa. Es lo más importante no de los derechos como jueces, sino de los derechos de todas las personas.
Y es que el mérito no se compras, el mérito no se patrocina por nadie… Estamos frente a un conflicto que tiene una naturaleza política y no jurídica en estricto sentido donde se desarrolla un Golpe de Estado Técnico a la vista de todos.
