Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México y López Obrador
La sociedad civil organizada no es una moda y mucho menos es parte de la mafia del poder; como lo ha afirmado en diversas ocasiones Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La existencia de las OSC comprometidas con las mejores causas de México; son un fenómeno de larga data, así, dando un viaje por la historia de nuestro país podemos observar los distintos ejemplos de cómo la sociedad civil organizada ha contribuido a analizar, denunciar y resolver los problemas sociales, así como a llenar vacíos que las instituciones gubernamentales no alcanzaban a cubrir.
En cada etapa, se han establecido objetivos, formas de organización y métodos de participación diferenciados acordes con las circunstancias y es importante señalar que la apertura política y el marco normativo de actuación de las OSC en México, no fue una graciosa concesión de las autoridades, sino resultado de la presión ciudadana por participar en las decisiones públicas que afectan su vida diaria.
Las OSC han impulsado por lo tanto; muchos cambios democráticos en los últimos años; verbigracia, la ciudadanización y autonomía del hoy Instituto Nacional Electoral (INE); así como la creación de diversos órganos autónomos, que por cierto AMLO, su partido y aliados, pretenden desaparecer.
Las OSC fueron impulsadoras de aquellas marchas ciudadanas vestidas de blanco exigiendo un cambio al sistema de seguridad y justicia, por lo que fue muy importante su participación en el desarrollo del actual Sistema de Justicia Penal Acusatorio y parte clave en las reformas constitucionales para el fortalecimiento de los derechos humanos y la autonomía de la Comisión Nacional que los tutela, así como del Poder Judicial de la Federación respecto a las garantías individuales y su protección a través de la modernización de los procesos constitucionales como el juicio de amparo.
Derivado a lo anterior; gracias a las OSC, se han podido impulsar leyes importantes para una mejor procuración de justicia y defensa de los derechos humanos, como la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la Ley General de Víctimas; el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción; entre otras. Pero también gracias a la presión de las OSC también se han podido detener leyes inconstitucionales y leyes que van en contra del equilibrio de poderes, del desarrollo democrático, la militarización de las instituciones civiles y los derechos progresistas de todos los mexicanos, principalmente durante la administración de AMLO.
Ahora bien; si la historia de las organizaciones de la sociedad civil en México se remonta muchas décadas atrás, es al inicio del siglo XXI, con la alternancia del partido en el gobierno federal, cuando ocurrió un cambio en la relación entre éstas y los funcionarios, me refiero al gobierno de Vicente Fox Quezada ya que en el año de 2004 se promulgó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), con la intención de tener una relación distinta en algo que se interpretó como una refundación de la relación, un hecho tan relevante, que incluso, antes de la alternancia, resultaba impensable que las organizaciones tuvieran algún incentivo para aportar sus datos para un registro nacional, debido a que una de sus principales causas era precisamente la lucha por la transición a la democracia.
Por lo que derivado de lo anterior; se dispersaron en una serie de causas y la ley les proporcionó un marco de certeza jurídica para que pudieran acceder a fondos públicos, capacitaciones, reconocimiento e interlocución y fue a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), donde se establecieron programas de coinversión social y se incrementó la comunicación.
Con independencia del nuevo marco normativo mexicano y el reconocimiento oficial, siempre ha permanecido la desconfianza de uno y otro lado, aunque, poco a poco se ha tenido conciencia que la solución de los problemas públicos no sólo corresponde a los funcionarios de gobierno, sino también a la sociedad que participa organizada.
Por ello; resulta conveniente tener en el radar, el libro titulado “From Peril To Partnership” (Del Peligro a la Asociación), escrito por mi queridísimo Dr. Paul J. Angelo, Director del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry de la Universidad de la Defensa Nacional de los Estados Unidos de América, en donde, entre otras cosas afirma, que el Plan Colombia que fue concebido en 1999, durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton… “tuvo un éxito singular debido a importantes contribuciones financieras de las élites empresariales nacionales para financiar un sector de seguridad reformado”. En ese sentido; es lógico afirmar que son los presupuestos nacionales los que garantizan la continuidad de las reformas en materia de seguridad, luego de que las ayudas internacionales se retiran, por lo que la capacidad de un gobierno para mantener estos programas y puedan tener éxito a través del tiempo, dependera de la aceptación de las élites empresariales nacionales y de la capacidad de unidad entre las OSC y el gobierno.
Tal como lo describe el Dr. Paul Angelo; en México, “las élites empresariales no apoyaron al sector de seguridad en la misma medida que lo hicieron sus homólogos colombianos”, lo que demuestra que la ausencia de participación de las grandes empresas en la reforma del sector de seguridad puede tener un efecto adverso. Sobre esta reflexión surge la siguiente interrogante ¿La baja participación de las OSC y del sector empresarial en México, es porque no les interesa involucrarse activamente, aportando recursos para la atención de los problemas de seguridad, justicia y demandas sociales como uno de los rasgos más característicos de la democracia? O ¿El gobierno hace todo lo posible para debilitar a las OSC?
En el libro From Peril To Partnership; su autor, nos invita analizar la situación de México respecto a la política de seguridad la cual se convirtió en un tema partidista y polarizante, por lo que en ese sentido, los esfuerzos de reforma impulsadas desde 2008 por los gobiernos de México y Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, fueron vulnerables a modificaciones y reorientaciones cuando el ejecutivo cambió de partido en 2012 donde la colaboración se enfrió y no se dio seguimiento a los objetivos del programa y luego nuevamente en 2018, donde se extinguió la iniciativa Mérida para dar paso al entendimiento bicentenario, pero en donde todavía persisten la burocracia en las instituciones de seguridad y la falta de una participación vigorosa y autónoma de su sociedad que puedan permitir y multiplicar los mecanismos de relación entre la sociedad organizada y el gobierno para ser un factor de cambio a favor de nuestra seguridad, justicia, gobernanza, democracia para un desarrollo económico, social y fortaleza de nuestro estado de derecho y las más diversas causas sociales. Por lo que para ello; el Dr. Paul Angelo, plantea que la reestructuración de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y defensa de los derechos humanos que requieren un trabajo sostenido durante años o décadas, por lo que “los gobiernos con grandes divisiones políticas son vulnerables a una implementación incompleta de las reformas”.
Contrario a esa Lógica, hoy todos sabemos que AMLO acostumbra atacar y descalificar a las OSC; pero el problema mayor fue en el año de 2019, practicamente al iniciar su mandato, López Obrador informó que se dejarían de otorgar recursos a todas las organizaciones civiles y aseguró que antes se le daba presupuesto a muchas OSC y con ello, se favoreció hasta al sector empresarial; por lo que lanzaba una nueva política, para evitar lo que pasó en año de 2017, donde se financió con 4.8 mmdp a 10 mil 230 agrupaciones; en 2016 se asignaron 7 mmdp a 12 mil 793, según Cuenta Pública de cada año.
AMLO dijo que les transferían recursos a muchas organizaciones y que eso; ya no podía seguir pasando, por lo que ya no se le daría dinero a ninguna organización que hacían funciones de gobierno, ni a organizaciones sociales, ni a organizaciones de la sociedad civil, ni a organizaciones de estudios de investigación y asevero particularmente, que las organizaciones dedicadas a proteger los derechos humanos, las especializadas en seguridad e incluso los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) del Partido del Trabajo (PT), tampoco recibirán los apoyos económicos.
Andrés Manuel López Obrador; recordó en aquel entonces, que simplemente en el año de 2017, el gobierno federal de Peña Nieto, otorgó apoyos económicos y suscribió convenios con 10 mil 382 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por un monto de cuatro mil 885 millones de pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública de ese año.
¿Más de diez mil OSC en todo el país? La intención del gobierno y el Congreso de modificar disposiciones fiscales relacionadas con asociaciones civiles que reciben donaciones han generado mucha inquietud, porque no queda claro si lo que busca la autoridad es realmente acabar con corrupción o sólo es para obstaculizar su trabajo.
Por otra parte; también se puede advertir que la actual administración no busca desaparecerlas, pero sí les pone trabas y las estigmatiza y la razón puede ser que AMLO quiere aparecer como el único proveedor de bienes y servicios para la población más vulnerable.
Lo malo es que a lo largo del territorio nacional hay una serie de problemas públicos que, ni la administración pública, ni las asociaciones, por separado, pueden solucionarlos.
Por ejemplo; la sociedad en general le da un mandato al gobierno y los ciudadanos son los que tenemos el derecho sobre el bien público, por lo que la ciudadanía les encomienda ciertas funciones a los gobiernos, la primera de ellas es la seguridad, si el gobierno no genera condiciones de seguridad, entonces entran organizaciones y para que eso ocurra tienen que gozar de autonomía de gestión y económica; por eso todas las organizaciones se mueven para conseguir donativos, ya sea de empresas o personas o también para generar sus propios recursos y contar con el estímulo de estar exentos del ISR, por lo que los gobiernos deben exentar de esos impuestos a las OSC, porque a los gobiernos les conviene que haya ciudadanos organizados, porque por lo general, cuando las organizaciones trabajan, los gobiernos lo aplauden, pero cuando la organización que desde su autonomía, empieza a defender derechos de algunos y señala, con crítica constructiva a los gobiernos, o denuncian actos de corrupción e impunidad, ahí, les incomoda a los gobiernos y entonces comienzan a decir, quién les paga, qué intereses persiguen, a qué partido están apoyando.
La verdad es que México se ubica en niveles bajos de densidad asociativa; hay 33 organizaciones por cada 100,000 habitantes, en Estados Unidos 670, Chile, 670, Argentina 270 y Brasil 170.
¿A qué se debe es nivel tan bajo? AMLO; señalo que para que las OSC puedan recibir apoyo gubernamental, las asociaciones deben inscribirse en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Bienestar, antes Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).
En 2012, 19 mil 824 organizaciones estaban inscritas en el RFOSC y en cuatro años obtuvieron su registro 17 mil 430 más, fue durante la administración del exmandatario Enrique Peña Nieto cuando creció el número de asociaciones inscritas en dicho registro, algunas de las cuales brindan atención a grupos vulnerables y desprotegidos, como migrantes, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
Cabe destacar que no todas las asociaciones inscritas reciben recursos, como se desprende de los datos de la Cuenta Pública.
Con la decisión de López Obrador; se desataron manifestaciones en todo el país, porque la cancelación de los recursos hacia las organizaciones sociales, además de contravenir los compromisos asumidos durante su campaña y sus propios dichos en el acto de toma de posesión, son disposiciones que junto con sus señalamientos de desconfianza hacia la sociedad civil, muestran desconocimiento o una concepción equivocada de lo que es y lo que hace verdaderamente la sociedad civil.
Durante toda la administración del presidente López Obrador se dio a la sociedad civil organizada un trato de adversario político, contraviniendo el principio básico democrático de la participación social en los asuntos públicos, y desdeñando el hecho de que la calidad de una democracia se da en función de la participación vigorosa y autónoma de su sociedad.
En teoría, en una democracia la relación entre el gobierno y la sociedad debería ser abierta y fluida, con una clara participación en la formación de la agenda pública y, sobre todo, en la definición e instrumentación de proyectos sociales y políticas públicas. Esta dinámica es la que ha llevado a que cada vez más organizaciones participen en alianzas, conformando así redes plurales y diversas, con propósitos y causas en las que convergen.
En ese sentido; es fundamental subrayar esta diversidad, porque lejos de constituir un bloque monolítico con una voz única, las OSC se caracterizan por una enorme diversidad de orígenes, formas de participación y temáticas.
Si algo las une es una convicción democrática que les permite formar colectivos que permitan fortalecer la denuncia de injusticias o la promoción de causas que se consideran importantes para el país.
El país cuenta, por lo tanto, con miles de voces y perspectivas, demandas, modelos de acción y propuestas.
De acuerdo con el análisis “Las organizaciones de la sociedad civil en México” realizado por Carlos Chávez Becker y Pablo González Ulloa, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en México hay 33 OSC por cada 100,000 habitantes, es en la Ciudad de México el lugar donde se cuenta con el mayor número con 66.2 OSC por cada 10,000 habitantes, Tamaulipas es el estado que menos tiene, son11 por cada 100,000 habitantes. Por lo que podemos afirmar que comparadnos con otras naciones, México se ubica en niveles bajos de densidad asociativa.
Resulta relevante escuchar y ver el video publicado en YouTube por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad titulado AMLO y su embestida contra la Sociedad Civil ya que la falta de más organizaciones se explica por un conjunto de factores que impide acercarnos a la situación que viven los países con mayor densidad asociativa.
Es un hecho de que las leyes que regulan la operación de las organizaciones sociales en México se han hecho más restrictivas, incluyendo una cada vez más burocrática regulación y fiscalización.
Esto ha sido particularmente nocivo para las organizaciones de base que han visto disminuida la cantidad de recursos con los que operan, porque la ley impide a las fundaciones otorgar financiamiento a OSC que no sean donatarias autorizadas, que son la casi la totalidad de las organizaciones comunitarias y de base que hay en el país.
A esto hay que agregar que, desde hace algunos años, ha habido una disminución del financiamiento a la cooperación internacional en América Latina, y particularmente hacia México. Y también hay que decir que, en nuestro país, la cultura de la filantropía es incipiente y la mayoría de los donantes está enfocada en el asistencialismo, lo que hace imposible que las OSC que manejan otros temas puedan sostenerse.
No obstante que son muchas las dificultades que tienen que sortear para su subsistencia y los ataques desde las conferencias matutinas del presidente López Obrador, las organizaciones no lucrativas, al día de hoy, realizan una aportación realmente importante al país, podemos imaginar ¿Qué pasaría si esos obstáculos desaparecen?
Vale la pena echar un vistazo a las reflexiones de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad titulados…
Breve panorama de la sociedad civil en México: Parte 1, Parte 2 y Parte 3.
Las exigencias administrativas rebasan la capacidad de las organizaciones, quienes no se niegan a transparentar los recursos y las actividades, de hecho, lo hacen voluntariamente porque es parte del proceso de trabajo de mejora y rendición de cuentas a donantes; sin embargo, esta pesada carga administrativa les obliga a contratar servicios especializados, sumandoles impuestos y reduciendo el presupuesto con el que la organización cuenta para realizar su trabajo lo cual impacta y afecta a las poblaciones que atienden como mujeres, infancias, adolescencias, personas de las disidencias sexo-genéricas, familiares y víctimas de algún tipo de violencia, etc. pues se reduce la cantidad de servicios directos de salud, educación y otros que pueden ofrecer.
Si como está ocurriendo, se concretan las amenazas a la libertad de participación de la sociedad civil organizada en los asuntos que más le afectan o interesan a los mexicanos, seguiremos caminando en círculo, sin poder avanzar, como a los ojos de todos, se pudo observar, en los resultados de la presente administración de AMLO.
