La importancia de los servicios periciales en México
En el 2008 México reformó su sistema de seguridad y justicia penal. Las modificaciones de rango constitucional que se aprobaron por el Congreso de la Unión preveía una vacancia de ocho años para implementar todas las acciones necesarias que garantizaran su éxito y ya han pasado varios años de su entrada en vigor y la ciudadanía sigue cuestionando la labor de los operadores del sistema. Su trabajo no ha logrado permear entre los mexicanos.
Vasta ver la película el Presunto Culpable, donde mi queridísimo Rafael Heredia es el abogado que enfrenta al viejo sistema de justicia penal y así darnos cuenta que los esfuerzos institucionales en los diversos campos de la implementación del sistema penal, realmente no han sido nulos, o de resultados mínimos, como algunos críticos sostienen.
La verdad de presunto culpable y es que en la realidad, nuestro país sí ha cambiado, pero dichas transformaciones no han sido tan contundentes como para modificar la percepción de la ciudadanía frente a la injusticia lacerante que muchos mexicanos padecen y también es verdad, que muchos pasos que se lograron avanzar, en la actualidad, en este sexenio lopezobradorista, existe un gran retroceso y estancamiento, por lo que falta mucho por avanzar, más aun cuando analizamos a los operadores del sistema penal más visibles ante la población, como son los policías, los ministerios públicos, los jueces y magistrados, vemos que han tenido altas y bajas en el tema de profesionalización y generalmente todo el presupuesto se va a ellos, pero olvidamos a los peritos, que representan una pieza fundamental para garantizar una justicia de calidad.
Desde el 2008, a la fecha, resulta sorprendente que después de todos estos años de inversión, capacitación y entrenamiento, que respecto a una investigación especial, el gobierno mexicano requiera del auxilio científico y técnico internacional, en algunos campos básicos de los servicios periciales a cargo de la federación o de los estados. En la mayoría estos casos, no es porque exista incapacidad en el conocimiento especializado o la carencia de equipos e instrumentos, que, desde luego, siempre se necesitan, sino fundamentalmente por la desconfianza y la falta de credibilidad en nuestras instituciones, marcada por la opacidad y la corrupción que las ha permeado; ejemplo de ello son muchos, el más reciente el accidente del metro de la Ciudad de México, que implicó el apoyo de expertos europeos en materia de ingeniería estructural.
Los servicios periciales requieren reencontrarse con la ciudadanía. Es necesario que los mexicanos confiemos en nuestras instituciones y en sus mujeres y hombres. Para lograrlo; se deben desterrar las indebidas prácticas de manipulación de resultados y su venta al mejor postor.
La profesionalización, el equipamiento y la ética institucional son los retos. La población puede y debe acompañar en esta ruta al gobierno, mediante el ejercicio cívico y apegado a la legalidad en su contacto cotidiano con los peritos. La academia ya hace su aportación a través de sus facultades, institutos y laboratorios forenses.
Por otra parte; la certificación en la mayoría de las fiscalías en materia de balística, dactiloscopía, documentos cuestionados, química, genética y medicina forense, entre otras áreas de especialización, se deben traducir en una mayor contratación del personal y su profesionalización, en un mejor equipamiento y principalmente en la uniformidad en sus protocolos conforme a los estándares internacionales, mismos que tendrían validez y aceptación universal. El acompañamiento y asesoría especializada de Estados Unidos siempre ha sido clave desde la Iniciativa Mérida y el hoy llamado Entendimiento Bicentenario, pero debemos ir más lejos todavía y buscar un tratado internacional que supere cualquier cambio de gobierno, por que se requiere de continuidad para que se materialice todo ese esfuerzo en logros tangibles y medibles en materia de seguridad y justicia. La confianza ciudadana se alcanza cuando los resultados institucionales ya permearon en una justicia generalizada apegada al mandato constitucional y trabajando de manera conjunta los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la unión, con un Sistema Nacional de Seguridad Pública fuerte y un Sistema Nacional de Inteligencia Moderno, solo así se podrán dar pasos firmes que no admitirán retroceso alguno.
