Generalmente la seguridad; se puede medir objetivamente con cifras y resultados y normalmente se observan los datos que arrojan los informes sobre incidencia delictiva.
Pero también puede medirse a través de encuestas de victimización y con esta medida subjetivamente, se analiza también el panorama.
Lo que podemos decir es que este sexenio es ya el más violento de nuestras historia reciente en México y al mismo tiempo también podemos afirmar que el número de homicidios dolosos ha disminuido en 20%.
López Obrador recibió el país con 100 muertes diarias en promedio y lo ha bajado a 77, lo recibió con 36,685 homicidios anuales y estos han bajado a 30,523. Hay avance, pero la violencia sigue siendo el principal problema del país y los resultados en el caso de homicidios dolosos son muy pobres.
El gobierno tardó tres años en construir la Guardia Nacional, para lograrlo tuvo que apoyarse en el Ejército y la Marina y más allá del debate sobre la militarización, a partir del cuarto año se han ido logrando resultados, sin embargo, la estrategia se ha olvidado de fortalecer a las policías estatales y municipales que son necesarias para cerrar el círculo de combate a la delincuencia y la inseguridad.
El cobro de piso que se está extendiendo por todo el país demuestra la incapacidad de la Guardia Nacional para combatirlo. Son delitos que requieren la colaboración entre el gobierno municipal, las policías locales, el Ministerio Público y el Poder Judicial, algo que está muy lejos de la Guardia Nacional si apostamos todo a esta corporación.
El presidente intenta convencer a la población de que la incidencia delictiva está a la baja y es posible que esto así sea, pero también debemos tomar en cuenta todos y cada uno de los hechos delictivos que no se denuncian y que por lo tanto son una gran cifra negra, por lo que si seleccionan solamente estos indicadores y se analizan a luz de periodos de tiempo muy específicos, esa afirmación del Presidente cobra fuerza, pero cuando se amplía la visión, observamos una situación totalmente distinta, incluso muy dramática que se vive en el país frente a la criminalidad.
Queda claro que politizar la seguridad y hacer un informe por órdenes presidenciales con un planteamiento a su gusto para presumir logros a los habitantes, las estadísticas, las pueden modular al gusto del mandatario, pero la realidad, es la que es, y pese a que se prefiera esconder la basura de bajo del tapete, puede ser que la basura no se va a ver, pero la basura ahí seguirá, y seguirá estando hasta que no exista voluntad política de quitarla; y esto es lo que pasa actualmente al cerrar los ojos frente a a la ausencia de resultados.
La inseguridad es el principal problema que aqueja a los mexicanos; según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 60.5% de la población del país percibe el tema de la inseguridad como el que más les preocupa, por encima del desempleo, la salud, o el aumento de precios.
Otro dato interesante; para poner en la mesa de reflexión es que desde el 2018, cuando prácticamente inicia el actual gobierno de López Obrador, a la fecha se tienen contabilizados más de 100 mil desaparecidos.
Siguiendo con la encuesta del INEGI; revela que en 2022, 27.4% de los hogares en México tuvo, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito, esto significa que 21.1 millones de personas, fueron víctimas de algún delito.
La tasa de prevalencia delictiva fue de 22,587 víctimas por cada 100,000 habitantes, cifra menor a la tasa de 24,207 de 2021. Pero todavía muy alta.
Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en la calle o transporte público y extorsión. En 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos, de los cuales 92.4% no se denunciaron por diversos motivos o la autoridad no inició una carpeta de investigación.
Luego entonces si el INEGI señala que aproximadamente el 90% de los delitos que ocurren a diario, no son denunciados, por lo que el porcentaje de delitos denunciados fue de 10.9%, cifra estadísticamente superior a la registrada en 2021. Lo impactante es que, de las denuncias que se presentaron, solo 69.3% fueron iniciadas por el Ministerio Público (MP).
El resultado de las investigaciones fue negativo en el 77.5% de los casos. Solo 15.5% de las denuncias arrojaron un resultado positivo para la o el denunciante. Lo anterior significa que, en 2022, solo fueron castigados de alguna manera los responsables de cometer el 1.2% de los delitos. Lo que significa que la impunidad llegó a un dato alarmante, 98.8 %.
Es evidente que algo está pasando en el Sistema de Seguridad y Justicia Penal Mexicano; no funciona bien bajo ningún estándar con el que se le quiera medir. Las cargas de trabajo de los ministerios públicos son gigantescas y lo mismo pasa, con los defensores públicos que atienden simultáneamente, muchísimos casos. En algunas entidades federativas más en otras mucho más y en otras de plano existe poca carga de trabajo como Campeche.
La violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, y ahora con las elecciones la violencia contra candidatos aumenta todos los días y ningún caso se resuelve científicamente y se aprenden a los responsables.
¿Cómo puede un gobierno; del partido que sea, puede decir con estos datos, que todo está mejor? Lo ideal es que se convocara a la Nación para trabajar juntos sociedad y gobierno, los tres órdenes federal, estatal y municipal y empresarios, para lograr un México Seguro y fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los mecanismos institucionales de respuesta frente a la criminalidad, impulsado también estrategias de PRECRIMEN.
En estos 12 estados la tasa de prevalencia delictiva fue mayor que la nacional de 22,587 víctimas por cada 100,000 habitantes: la Ciudad de México (31,876), el Estado de México (31,182), Tlaxcala (27,115), Querétaro (26,983), Aguascalientes (25,541), Nuevo León (25,159), Puebla (25,090), Sonora (24,102), Baja California (23,814), Jalisco (23,694), Quintana Roo (23,459) y Tabasco (22,915); y en las siguientes 14 entidades aumentó la tasa estatal de prevalencia delictiva respecto a la de 2021: Campeche (+28.0%), Hidalgo (+17.0%), Durango (+16.3%), Sonora (+15.3%), Tlaxcala (+14.5%), Yucatán (+14.0%), Michoacán (+13.0%), Nuevo León (+8.9%), Coahuila (+7.1%), Baja California Sur (+4.7%), Sinaloa (+3.3%), Querétaro (+2.0%), Oaxaca (+1.7%) y Quintana Roo (+1.8%).
Los resultados de la ENVIPE 2023 muestran una ligera mejoría sobre los del ENVIPE 2022, pero confirman que la inseguridad sigue siendo un problema grave en México; porque el bajo porcentaje de denuncias y el alto porcentaje de impunidad evidencian que el sistema de seguridad y justicia no está funcionando de manera adecuada.
Firmas como Criminal Justice International Associates LLC, que es una firma internacional encargada de instruir y capacitar a las instituciones de la seguridad, defensa y justicia penal en el mundo, pueden ser muy utiles para fortalecer las estrategias institucionales.
Su Presidente es Jerry E. Brewer, con más de 35 años de gestión profesional; experiencia de liderazgo en el campo de la justicia penal; 15 años como Jefe de la Policía en 3 estados de los Estados Unidos de América y condecorado por el Congreso de los Estados Unidos.
CJIA, esta conformada por entrenadores de alto nivel, consultores y expertos en una amplia gama de medidas contra el crimen organizado trasnacional, el terrorismo y la delincuencia común, analizando las cuestiones relacionadas con la inteligencia, así como la formación policial que van desde operaciones y la administración de la gestión policial. Proporcionamos conocimientos conceptuales y técnicos para ser aplicados en las operaciones en la lucha contra el crimen y en la elaboración de protocolos, instrucivos y procedimientos sistemáticos de operación, para dar soluciones de seguridad a la población y en consecuencia aumentar la confianza ciudadana hacia su policía.
De las principales misiones en el mundo; destacan las siguientes: Sarajevo, Bosnia; Amman, Jordan; Atenas, Grecia; Buenos Aires, Argentina; Jartum, Sudán; Tokio, Japón, Jerusalén y Tel Aviv, Israel; Beirut, Líbano; Kuwait; El Cairo y Alejandría, Egipto; Karachi, Peshawar, Islamabad y Lahore, Pakistan; Pristina, Kosovo; Yakarta, Indonesia; Ulan Bator, Mongolia; Addis Abeba, Etiopía; Abuja, Nigeria; Niamey, Níger; Ruanda y Burundi; Bahrein; Kuala Lumpur, Malasia; Caracas, Venezuela; La Paz, Bolivia; México, entre otras.
Analizando los resultados de la encuesta; si observamos al Estado de México, según el INEGI, el 88% de los habitante de Naucalpan viven con un temor generalizado debido a las condiciones de inseguridad y llama la atención que el nivel de percepción de inseguridad en el territorio mexiquense fue significativamente mayor a entidades que atraviesan una crisis en esta materia, como Sinaloa, donde el porcentaje fue de 57%, Michoacán, con 83.1%, Tamaulipas, con 78.1%.
Zacatecas y el Estado de México tienen las ciudades más inseguras; son entonces el municipio de Fresnillo, Zacatecas quien mantuvo la posición de la ciudad más insegura del país, de acuerdo con sus habitantes, el 96.4% de su población considera que es inseguro vivir ahí.
Naucalpan, Estado de México y Uruapan, Michoacán, ocuparon la segunda y tercera posición con percepciones de inseguridad de 91.0 y 89.9% respectivamente. Otras de las localidades que se ubicaron entre las más inseguras para quienes residen ahí fueron: Ecatepec, Estado de México; Zacatecas, Zacatecas y Cuernavaca, Morelos.
En contraparte, la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México es la que presenta el menor nivel de inseguridad percibida por sus habitantes. Cerró 2023 con apenas 15.2% de su población que se siente insegura de vivir ahí.
Puerto Vallarta, Jalisco; Piedras Negras, Coahuila; Mérida, Yucatán; La Paz, Baja California Sur y Los Cabos, Baja California Sur son otras de las ciudades más seguras para sus residentes: menos del 25% perciben inseguridad.
Regresando al Estado de México; los mexiquenses de varios municipios viven con altos niveles en su percepción de inseguridad, destaca Toluca, donde un 85% de la ciudadanía vive con miedo de sufrir un acto delictivo, en Cuautitlán Izcalli el nivel es de 82.5%; en Ecatepec, 81.8%; Chimalhuacán, 81.1%; Tlalnepantla de Baz, 75.1%; Nezahualcóyotl, 65.3% y Atizapán de Zaragoza, 57.1%. De este modo se puede apreciar que la inseguridad urbana se concentra en la zona metropolitana alrededor de la Ciudad de México.
En Atizapán de Zaragoza; a diferencia por ejemplo de Naucalpan, es el municipio que ha trabajado muy bien juntos la policía municipal y la Secretaría de Marina Armada de México.
Los datos no son para estar presumiendo; porque todavía no es de los municipios más seguros del país, apenas se puede decir que Atizapán ha logrado reducir los índices delictivos en rubros como asalto a comercio, a transeúnte y al transporte público de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que del 2021 al 2023 registra una baja del 42.8% pasando de 1,343 autos sustraídos a 768.
Por lo que de acuerdo a datos de la fiscalía mexiquense, en el año 2021, los 1,343 actos delictivos colocaban a la demarcación en el octavo lugar estatal en este indicador; para el 2022, Atizapán de Zaragoza salió de los primeros 10 lugares para ubicarse en el sitio 11 con 927 eventos, en tanto que para el año 2023 la demarcación se ubicó en el lugar 13 con 768, demostrando así una disminución constante.
Por otra parte, en cuanto a la reducción de delitos de alto impacto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha reportado que el delito de robo a local comercial disminuyó de 539 a 470 eventos del 2021 al 2023. En el mismo periodo, el robo a transeúnte pasó de 521 a 489, y el robo a casa habitación de 322 a 277.
En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al Cuarto Trimestre de 2023, publicada por el INEGI, Atizapán de Zaragoza se mantiene al municipio como el más seguro del Estado de México.
Desde que se implementó el Plan Municipal de Vigilancia por Cuadrantes, y de acuerdo con datos de la encuesta, de octubre a diciembre del año pasado, Atizapán de Zaragoza registró una percepción de inseguridad de 58.2%, siendo esta la más baja de la entidad mexiquense, y manteniéndose por debajo de la media nacional que en esta ocasión fue de 59.1%.
La ENSU reporta que la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza ha mejorado en 13.6 puntos porcentuales sus niveles de confianza con respecto al año anterior, manteniéndose por encima de los municipios vecinos.
Si queremos mejorar y tener un país más seguro; desde lo nacional debemos empezar a construir desde los municipios y desde ahí, subir hasta el nivel federal, donde el Eje Rector sea el Sistema Nacional de Seguridad Publica, hacerlo como se ha hecho hasta ahora, simplemente ha demostrado que ha sido un error, porque abandonar a las policías municipales y apostar solo a la militarización y enviar solo grandes recursos a las fuerzas federales, no permite avanzar hacia el objetivo de tener un México Seguro, puesto que los resultados son muy magros.
En esta ruta política y en pleno proceso electoral de 2024; el país merece un debate más amplio e informado posible, sobre la forma en la que vamos a combatir a la inseguridad.
Por lo que respecta al tema de seguridad multidimensional; México debe impulsar en el hemisferio tratados internacionales en materia de Seguridad, Defensa y Derechos Humanos, al tiempo de promover trabajos conjuntos e interagenciales, fortalecer las fronteras y los sistemas aduanales y de inteligencia contra la delincuencia organizada trasnacional, buscando una nueva estrategia de combate a las drogas con visión en la Salud Publica, la Seguridad, Defensa y contra el Terrorismo.
