Hay muchos políticos que buscan hacer benchmarking con la seguridad, pues hacen pensar que la implementación de estrategias de seguridad en otros países exitosas y con procesos que aseguran su reducción de riesgos, aplicarlas en otro país va a funcionar también. Pero, ¿es real esto?
La delincuencia organizada ya no es un fenómeno local, sino global. Tampoco es un problema que solo se circunscribe a un determinado país de la región. La inseguridad ha marcado a todo el globo terráqueo, afectando el diario vivir de la población. Sin embargo; cada país tiene su propia realidad y no pueden realizarse acciones similares para dar soluciones a problemas que parecen iguales pero que no lo son. Ecuador, México, Perú, Colombia y El Salvador por citar solo estos países son realidades distintas. En este sentido; es de todos conocido el “fenómeno Bukele”, como el “modelo exitoso en el manejo de la seguridad”, se está extendiendo cada vez más no solo en Latinoamérica, sino también en el Caribe. Esto, debido a que la inseguridad ha sido un tema común y prioritario en la agenda de nuestros países. Pero debemos tener en el radar que la criminalidad de El Salvador era muchísima más grave y sostenida en comparación que la de Ecuador, debido a que, durante décadas, ese país tuvo entre 70 a 100 muertos por cada 100.000 habitantes, por lo que sus índices eran los más altos del hemisferio occidental, también hablamos de un país más pequeño y que geográficamente puede ser más controlado a diferencia de México que es más grandes con más grupos criminales no solo uno o dos grupos para enfrentar y que como pasa en Ecuador además de las mafias están los guerrilleros de Colombia y Venezuela entre otras diferencias más como la población diversa, cultura distinta en lo interno desde religión creencia educación y grupos social y económicamente distintos en lo interno. En El Salvador por ejemplo, la economía de este país dependía exclusivamente de las remesas enviadas por sus migrantes, lo que genera pocas alternativas y facilita el reclutamiento de personas para las pandillas.
Por otra parte de acuerdo con datos de la organización sin fines de lucro InSight Crime, El Salvador es uno de los países, en 2022, con menos tasas de homicidios en América Latina. Al contrario de Ecuador que, en ese mismo año, registró 25,9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. La organización no evidencia las cifras de Perú, Argentina y Bolivia, ya que según indican, los gobiernos no han divulgado sus datos oficiales.
La pandemia vino hacer reajustes no solo en las actividades lícitas, también en lo ilícito, así observamos que después de la pandemia es que se ha visto una fuerte articulación del crimen organizado en la región, la cual está incidiendo en los procesos electorales que antes no se ejecutaban bajo este contexto de manera tan descarada y violenta. A esto suma la preocupación ciudadana percibida en múltiples encuestas. Todas estas situaciones, indican, que están influyendo en el planteamiento de las estrategias políticas de los candidatos, ya que aquellos personajes que se adecuan a esta temática y a su vez muestran un liderazgo de la clásica figura de la mano dura o que estén en contra de la inseguridad son los que más fuerza y legitimidad ganan.
Ante esta circunstancia, se teme a que países como Ecuador tomen ese modelo como una referencia de gobierno como una receta mágica, pero cada país debe hacer las acciones y un estudio responsable de diversos escenarios, por que pudiera salir peor el aparente remedio que la enfermedad, debido a que el país comparte el escenario de inseguridad pero tienen variables distintas. Lógicamente; se debe tener claro que esta situación en cada país de la región tiene un origen distinto, ya que el problema de la narcocriminalidad en El Salvador, con las Maras, no es igual al que se tiene en Colombia, en Argentina en diversas ciudadelas y la triple frontera o en Brasil, Paraguay, Perú, México que son escenarios distintos, en contextos distintos y que no pueden atacarse de la misma manera.
Este tipo de modelo, por ejemplo, no es aplicable con la realidad de México, ya que los carteles de la droga no solo se dedican al trasiego de esta, sino que también están envueltos en múltiples negocios, como venta de armas, de personas y tienen presencia transnacional, dominan o son parte del gobierno y penetraron las instituciones, además de que existen grupos guerrilleros subversivos y colocarían estas acciones a una reorganización subversiva que gestaría una nueva revolución armada, por lo que es mucho más complejo de lo que parece; además, como decía, son tantos los grupos criminales, que surge la siguiente pregunta ¿A quién vamos a detener, a los que mueven la droga y la mercancía o a los que lavan dinero o a los que los apoyan en las comunidades? Aquí en México la estrategia debe ser distinta, y tampoco me refiero al gran error de la acciones equivocadas del presidente mexicano López Obrador de abrazos no balazos, eso es una mala decisión electorera también.
En México; debe aplicarse la ley y hacer uso de la fuerza pública y la plena aplicación de los Derechos Humanos, pero también implementar acciones distintas para no fracturar y gestar una revolución armada o dejar una puerta abierta al crimen y la delincuencia.
Es importante saber que la importación del modelo Bukele, el cual es muy mediático, por ejemplo, como mencioné líneas anteriores, para aplicarlo en Chile o en Ecuador no es sencillo, ya que cada nación tiene un nivel distinto de recursos y un tipo de legislación, de parlamentos y de instituciones diferentes, en El Salvador, con un grupo criminal bien identificado, sus discursos pueden funcionar muy bien; aún mejor desde la operativización del marketing electoral y mucho más como respuesta a las expectativas y a las repercusiones ciudadanas; pero de ahí, a que eso, pueda concretarse en otro país más grande, es otra cosa.
Estas acciones de este tipo aplicadas en otros países más grandes y diversos generarían preocupación en organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por la pérdida de libertades y garantías, al tiempo de estar movilizando a otros grupos subversivos en contra del gobierno tachándolo de autoritario.
Mi queridísimo compañero Raúl Benítez Manaut también egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, ha dicho que “la inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad.” Y aunque no puede hablarse de México como un «Estado fallido», las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema.
Por eso; el tema no es el “efecto Bukele”, sino los políticos, algunos políticos por corruptos y ser parte de ese sistema delincuencial y otros por ineptos, porque no han sabido resolver los problemas de la ciudadanía, la inseguridad y el desempleo. Y para ello solo se necesita voluntad política.
Debemos resaltar que en democracia muchos políticos han cubierto casos de corrupción o son parte de ella y aunque al gobierno de El Salvador no se lo acuse de ser autocrático, cerca del 97% de la inseguridad de su país ya se ha solucionado, pero aun así, creo que ese modelo es exitoso en esa nación de Centroamérica, pero no es fácil de aplicarlo en otros países, ya que las realidades son diferentes. A mi criterio, Ecuador además de dar el paso anunciado ayer, debería enfocarse en fortalecer a la Policía Nacional, en dotarla de armas y de vehículos, porque es difícil enfrentar a los criminales si no tienes balas. Además, dar mejores y mayores opciones a los jóvenes, que son el caldo de cultivo de estos grupos; de esta forma no tienen razón para unírseles y desarticular los vínculos gobierno crimen organizado con una operación limpieza.
Considero que el gobierno ecuatoriano debe centrarse en reducir la desigualdad y la pobreza extrema, pero debe ser un programa más a largo plazo. A esto se deben fortalecer las instituciones de justicia, judicial y legislativa. Limpiarlos y aplicar programas permanentes de control y confianza e investigaciones de Asuntos Internos amplios y rigurosos.
Debemos tener claro que los remedios que pueden funcionar en unos países, en otros podrían ser peor que la enfermedad. No porque en Italia se gestó el Renacimiento Siciliano en Argentina podrá copiarse el modelo o en Brasil y tener los mismos resultados.
Por lo tanto, los gobernantes deben ser muy cuidadosos con esas políticas, ya que no deben pensar únicamente en aquello que le va a redituar en términos de aprobación, porque trabajarían en una agenda de popularidad.
Además, hay que preguntarse: ¿si los mandatarios no consideran los derechos humanos, al final, qué los distingue de los criminales que dicen combatir?
Por ello; hay que fortalecer el aparato de justicia para evitar la impunidad y corrupción o la sanción injusta por supuestos delitos.
Es una tarea más compleja de lo que se puede apreciarse.
En Ecuador hay signos que muestran superficie y no muestran los componentes a fondo, son muchas cosas y variables críticas adicionales que van perfilando un futuro muy caótico de dominio desordenado. En Ecuador hablar de lo conjunto y diálogos como cultura es una utopía sobre la que se debe trabajar. Existen muchas cosas!!!!
México en el año de 2003 trato de importar el modelo exitoso de Nueva York; pero la receta Rudolph Giuliani, conocido como el autor del “milagro” de la seguridad en Estados Unidos; fue un remedio equivocado para la seguridad ciudadana mexicana pues su receta, cargada de efectos colaterales y contraindicaciones al final se tuvo que adecuar, porque nada más distante de una agenda que se incline por la paz, que optar por la “tolerancia cero” y por un modelo basado en la represión policial, como la que utilizó Giuliani.
Lo que hoy se conoce como “tolerancia cero” tiene su fundamento en una idea de James Q. Wilson, Catherine M. Coles y George L. Kelling, denominada la teoría de las “ventanas rotas”, que establece una relación causal entre el desorden callejero y el delito.
Bajo el supuesto de que la existencia de “ventanas rotas” en el vecindario da la impresión de que todo es posible, incluso los delitos más graves, la Policía debe imponer un orden ambiguamente definido como el sentido común de los “decentes”, lo que en México podríamos denominar los “ciudadanos de bien”.
Esta teoría fue llevada a la práctica por el comisionado de Policía William J. Bratton, primero en Boston y luego en Nueva York, donde fue invitado por Giuliani para resolver el problema de inseguridad que padecía la ciudad. Para hacerlo, Bratton desempolvó más de una decena de ordenanzas municipales que criminalizaban todo tipo de conductas.
Uno de los principales componentes de la estrategia fue lo que se denominó el patrullaje preventivo de carácter agresivo (preventive agressive patrol) basado en la represión y el castigo de cualquier acto de “incivilidad”.
Bratton retomó métodos policiales de “antaño”, de los tiempos cuando, según los ideólogos de las ventanas rotas, los tribunales, los medios de comunicación y las leyes no habían “atado de manos” a la Policía. Bajo este supuesto, el uso de la identificación y registro (conocido como stop and frisk) fue el pan de cada día, dirigida a todo aquel que pareciera un sospechoso. En definitiva: una invitación al abuso policial y que en México podría ser muy peligroso por qué la ciudadanía en vez de tener como aliados a los policías los tomarían como enemigos y represores del pueblo una fórmula que por lo menos en México sería como apagar el fuego con gasolina.
La policía de Nueva York es muy distinta a la policía de la Ciudad de México y la de la Ciudad en México diferente totalmente a la de Oaxaca y la de Oaxaca a la de Nuevo León etc. De ahí la inviabilidad de esta fórmula aplicada en Nueva York, donde además la ciudadanía de ese lugar de los Estados Unidos es muy diferente a la cultura de la ciudadanía mexicana.
Es importante mencionar que Bratton además llevó a cabo una reforma que buscaba dignificar la Policía, descentralizar el mando, dar prioridad al patrullaje preventivo sobre el trabajo comunitario, y establecer un sistema de supervisión basado en la división de la ciudad mediante cuadrantes y el uso de información estadística a través del denominado Compstat (Comprenhensive Computer Statistics).
Es por ello que en México copiaron y copiaron mal el modelo de “tolerancia cero” en los últimos años de Fox y todos los demás sexenios de Calderon y Peña Nieto ya que se concentró en tres aspectos específicos:
Focalizar la atención en las faltas y contravenciones que afectan la calidad de vida;
Trabajar en la comunidades enviando fuerzas armadas y la policía federal de aquel entonces y no con ellas, fortaleciendo a las policías municipales para la reducción de estas faltas;
Evaluar los riesgos y, sobre todo, las poblaciones que constituyen un riesgo para la seguridad – que en la práctica son los sectores marginados, de determinado origen y color que en vez de unificarlo y dignificarlo lograron dividirlo y eso además fue un factor determínate para el triunfo de López Obrador a través de su discurso entre los llamados Chairos y fifís.
En tal virtud; antes de tomar en serio la receta Giuliani y adoptar el modelo de “tolerancia cero”, es necesario fijarse en las contraindicaciones y los efectos colaterales de una y otro.
El modelo de “tolerancia cero” en Nueva York se tradujo en el aumento de los abusos policiales, ligados a la represión de los denominados actos de “incivilidad”. Las denuncias llegaron a nueve mil solo en 1996, un número considerable teniendo en cuenta que la Policía de esa ciudad tenía treinta y ocho mil efectivos. El control de las poblaciones sobre la base de su raza o procedencia nacional adquirió la forma de una fuerza de ocupación blanca en zonas de población latina y negra.
En México resultaría contraproducente apelar a una receta que estimula el abuso policial y militar, que concentra su atención en los delitos menores y las contravenciones y que además agrave la crisis del sistema carcelario; justamente cuando uno de los principales reclamos es que el sistema penal se dirija a las conductas más graves y deje de dirigir su acción a los delitos menores y a los pequeños delincuentes.
Por otra parte si resulta rescatable de la receta de Giuliani dos de los componentes más saludables de su estrategia, como son el sistema de supervisión policial y el de información para orientar la labor policial, que deben incrementar su aplicación a nivel municipal estatal y federal en todo México incluidas las fuerzas armadas, sin necesidad de aumentar las atribuciones o licencias para combatir el crimen.
En México se debe desarrollar un sistema de descentralización que, basado en una relación cercana a la población, proponga atender los problemas de convivencia social y dar respuesta al crimen local. Su ejecución se debe basar en una lectura estratégica de cada cuadrante a nivel nacional, apoyada en información georeferenciada que permita la toma de decisiones informadas y una mejor distribución de los recursos en los lugares más afectados y blindado a los que todavía no están con la crisis de inseguridad permeada en todo su territorio e instituciones.
Nuestra preocupación por la seguridad no debe llevarnos a adoptar modelos que no estén suficientemente validados y estudiados en cada país. No existe evidencia empírica que demuestre que la reducción de la criminalidad es el resultado de las políticas de tolerancia cero, y afirmarlo supone olvidar que los fenómenos sociales son multi-causales y que responden a diferentes factores.
La propaganda de la tolerancia cero apunta a mentes simplistas y caer en sus trampas puede llevarnos a perder la oportunidad de construir una sociedad posconflicto donde las personas puedan ejercer libremente sus derechos y donde las lógicas de la seguridad no anulen las lógicas de la justicia. Si la “paz es la seguridad”, entonces hay que buscar otros caminos aplicables a las circunstancias de cada país.
Así que en conclusión no existe tal fórmula secreta, existen estándares, leyes, reglamentos y normas, pero no son limitativas, son el mínimo requerido para la reducción de riesgos y protección de la vida e integridad de las personas, pero para hacer un “traje a la medida” de la seguridad de todo un país hay que consultar con especialistas en la materia para que ellos trabajen en lo que realmente es necesario aplicar en cada Nación.
