Crimen Organizado Trasnacional. La pandemia del robo de combustible y sus consecuencias globales.
Se estima que el robo de petróleo a nivel mundial cuesta 133,000 millones de dólares americanos anuales y constituye un riesgo significativo para las empresas del sector.
Es importante analizar el documento de trabajo elaborado por la ONU denominado Lucha contra el robo mundial de petróleo: respuestas y soluciones toda vez que el robo de combustible es un grave problema que se expande en las naciones y afecta a sus ciudadanos en todo el mundo como una pandemia; porque quienes roban petróleo, gasolina, gas y sus derivados ayudan a financiar actividades ilícitas, como el terrorismo y el crimen organizado transnacional elevando niveles de violencia e inseguridad.
No puede existir robo de combustible sin que existan factores que puedan contribuir a la corrupción rampante, la impunidad y aunque, en algunos países lo hacen pasar como un delito menor, el comercio mundial de combustible ilícito, en realidad vale miles de millones de dólares, en una escala comparable al tráfico de drogas y armas, al tiempo de que dicho combustible es utilizado para la elaboración de droga, también es usado para la logística y tráfico de narcóticos, financiar campañas electorales, lavar dinero y para el transporte de otras mercancías ilegales en el contrabando mundial.
Si no se controla, puede erosionar al Estado de derecho e incluso disfrazarse de bien público, de agente de bienestar social, los ejemplos más álgidos los encontramos en los hechos violentos y enfrentamientos que crecen en espiral por medio de enfrentamientos en países como Nigeria y México, lo que podemos inferir, es que en otras partes del mundo también estan aumentando las afectaciones, sobre todo, cuando el robo de combustible se normalice y los intentos de prohibirlo se topen con resistencia cada vez más violenta.
El problema del robo de petróleo en las fases finales de la cadena de suministro se manifiesta de diversas maneras. Si bien la forma más reconocida es la interceptación ilícita de oleoductos, el robo también se produce a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el petróleo preprocesado en camino a las refinerías, pasando por las propias refinerías, hasta los tanques de almacenamiento, camiones, trenes y barcos. El combustible puede transferirse por ejemplo, desde buques cisterna, que funcionan como estaciones de combustible en alta mar ilegales a otros buques que transportarán el producto en el mercado negro. Las instalaciones portuarias e industriales pueden utilizarse como centros de transbordo para el combustible robado.
El contrabando, que suele involucrar a estados vecinos con precios de combustible diferentes (que a menudo, aunque no siempre, son resultado de los subsidios de un país), da lugar a operaciones delictivas a pequeña y gran escala, las más amplias de las cuales pueden convertir un margen de unos pocos centavos por litro en ganancias de muchos millones de dólares. La adulteración, que a menudo consiste en “estirar” el combustible con aditivos de baja calidad y “blanquear” el combustible, generalmente diésel, para eliminar los marcadores de color y así evitar impuestos o aranceles y vender un producto de inferior calidad como si fuera de mayor calidad y esto, también puede generar ganancias significativas.
Las modalidades más abstractas de delitos relacionados con los hidrocarburos incluyen sofisticados esquemas de fraude en subsidios y fraude fiscal, así como corrupción gubernamental, incluida la asignación fraudulenta de contratos y la colusión con grupos criminales. Otra forma de actividad ilícita es el sabotaje directo de la infraestructura petrolera, con el objetivo de paralizar a las compañías petroleras y/o a los gobiernos.
Lo anterior; se desprende del primer estudio importante sobre el robo de petróleo refinado en todo el mundo, elaborado por Ian M. Ralby para Atlantic Council, una amenaza que debe abordarse a escala global.
Ralby afirma que el robo de combustible, también produce peligrosas repercusiones ambientales y sanitarias, porque los derrames son una preocupación importante, al igual que la intimidación y violencia por parte de grupos delictivos para apoderarse de territorios donde operan, además de la especulación con los precios por parte de los proveedores en regiones con escasez de energía.
Una estrategia que se ha implementado en Uganda. Es el uso de un marcador molecular que se une a las moléculas del combustible y permite no solo identificar el combustible, sino también determinar si ha sido adulterado, este marcado molecular combinado con el seguimiento y la aplicación de una reforma de la gobernanza, es una interesante propuesta en la lucha contra el robo de combustible.
Eric Besson, vicepresidente de soluciones para fraude de combustible en SICPA; ha liderado los esfuerzos de SICPA para comercializar un sistema de marcado molecular diseñado para determinar qué combustibles y petróleo crudo han sido adulterados.
Según Besson; el marcado molecular de combustible, es una aplicación de marcador químico único a los productos derivados del petróleo, lo que permite a las empresas y a los funcionarios gubernamentales identificar combustibles y detectar mezclas y si bien los colorantes se han utilizado históricamente como marcadores de combustible, Besson sostiene que su eficacia es limitada, porque “los delincuentes pueden eliminarlos, lo que suele generar residuos peligrosos en el proceso, pero el marcador molecular de SICPA, no se puede eliminar y proporciona una protección estable a lo largo del tiempo sin afectar negativamente al combustible”. De tal suerte que los productos de SICPA; también son únicos porque abarcan todo el proceso, desde el marcado de combustible hasta un sistema de gestión de integridad en tiempo real que está integrado con bases de datos gubernamentales o corporativos.
Lo interesante además es que la solución también utiliza elementos adicionales como analizadores de combustible, localizadores GPS y capacidades de generación de informes inalámbricos y puede ser muy útil para dejar de tener estrategias poco útiles para combatir el problema, como las utilizadas en México y en otros países y que permitiría tener un resultado altamente disuasorio.
En el caso de México; el fenómeno “huachicolero” existe desde hace mucho tiempo, especialmente a lo largo de los 4.800 kilómetros de oleoductos que se extienden por todo el país. Estos robos suelen facilitarse mediante tomas ilegales a lo largo de las tuberías. Estas tomas no son muy diferentes en apariencia a las llaves de paso de las mangueras de agua, a veces insertadas y soldadas de manera rudimentaria en un oleoducto por los ladrones de combustible, quienes son llamados “huachicoleros”.
Este tipo de robo cada vez es más sofisticado alejándose cada vez más de las estrategias de robo rudimentarias, tal como lo podemos observar en el artículo de febrero de 2023 de la revista Resources, tiulado Oil Theft, Energy Security and Energy Transition in Mexico en español “ Robo de petróleo, seguridad energética y transición energética en México ”.
En los últimos 15 años, este tipo de robo se volvió mucho más organizado y sofisticado a medida que las redes criminales organizadas comenzaron a robar combustible, esto es gracias a una tecnología sofisticada y a la experiencia industrial que les permite interceptar oleoductos a gran escala, alejándose de los mercados negros, para adentrarse en territorios más nebulosos en cierta medida, los mercados grises.
En este mercado gris, los compradores, como los operadores de gasolineras, están adquiriendo suministros con un descuento significativo en comparación con los mercados legales. Esto es particularmente tentador en México, donde los precios de la gasolina han aumentado notablemente.
Al estar fuera del mercado negro, la procedencia de los suministros que llegan al mercado gris no es evidente y, de hecho, la corrupción les da un aire de legalidad en México, ampliándose el mercado gris donde permite a los cárteles criminales mexicanos, puedan acercarse a compradores en Estados Unidos.
Una parte de los combustibles robados se destina para elaboración de drogas y para a abastecer otras actividades del cártel, incluso para barcos que la organización utiliza para exportar narcóticos ilegales.
El Quid del asunto es que la variedad de actividades que se llevan a cabo (desde la localización y la perforación de las líneas hasta el transporte, el uso y la venta del combustible robado) permite que las organizaciones delictivas estén presentes tanto en el ámbito legal como en el ilegal, lo que dificulta a las fuerzas del orden determinar dónde comienzan y terminan las actividades ilegales.
Para satisfacer la creciente demanda, los ladrones se están volviendo cada vez más ingeniosos y descarados en sus intentos de evitar ser detectados mientras roban cantidades cada vez mayores de petróleo y productos derivados. Esto ha llevado a los huachicoleros a recurrir al uso de túneles subterráneos para evitar ser detectados y extraer combustible de toma ilegal en oleoductos hacia almacenes ocultos y ya sea en la superficie o bajo tierra, los ladrones aún necesitan tener acceso a una válvula a lo largo de un oleoducto y las redadas pueden ser sólo una medida provisional para solucionar el problema, porque si aún que se pudiera poner freno a la actividad delictiva, la persistente corrupción y colusión oficial seguirán permitiendo que los grupos criminales recurran a fuentes de ingresos alternativas, lo que hace que sea aún más importante adoptar un enfoque que aborde las fuentes de violencia de manera duradera.
Ya sea que los cárteles se dividan en nuevas facciones o diversifiquen sus actividades, el control del territorio local se vuelve cada vez más importante y esto pone a los alcaldes y otros funcionarios locales en peligro, convirtiéndose en las principales víctimas de extorsión; donde pagan a las bandas locales con fondos municipales para garantizar su propia protección y la de su comunidad.
Pero los miembros del crimen organizado no solo reclutan o extorsionan a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y del gobierno local, también tienen como objetivo a los empleados de oleoductos y de la industria o a contratistas externos para que les suministren información valiosa sobre oleoductos o incluso para instalar grifos ilegales en zonas difíciles.
Además de los combustibles, estos grupos criminales también tienen en la mira la renta o cobro de piso de otros servicios públicos, y respecto a otros recursos naturales también se observa una participación cada vez mayor en el robo del litio y el agua. Esta diversificación adicional y la participación en el mercado gris y, por consiguiente, la probable participación de corporaciones extranjeras que también se benefician de estos robos, hacen que sea cada vez más difícil determinar quién y cómo procesar a las partes involucradas, por lo que frente este problema, la clave para mitigar dichas amenazas y los robos, es comprendiendo el panorama de las propias amenazas y luego, desarrollar e implementar múltiples formas de seguridad, desde la física, hasta la vigilancia y el monitoreo de amenazas internas.
Por otra parte la tarea pendiente y la de mayor calado es que el gobierno debe abordar la colusión entre funcionarios federales, estatales, municipales y organizaciones criminales, porque si bien, la actividad de los grupos armados en el negocio del huachicoleo ha intensificado la violenta competencia entre ellos, el negocio ha dependido en gran medida de la corrupción, toda vez que la corrupción y la fragilidad institucional, son los dos factores críticos que permiten la transformación y la evolución de las economía criminales, tal como lo ha advertido el Brigadier General Retirado de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Buitrago Arias.
En general, corrupción e impunidad van de la mano y la impunidad judicial destaca como uno de los principales impedimentos para frenar la violencia criminal en México. Los informes sugieren que el 94% de los delitos que se denuncian en el país quedan impunes, podemos imaginar la magnitud del problema, si solo estamos hablando de los delitos que se denuncian, ¿Cuál será la dimensión de todo, si sumamos los delitos que no se denuncian y aquellos delitos que no se han descubierto? El resultado nos dará la idea de la limitada capacidad estatal mexicana y el control que tienen los grupos criminales sobre ciertas instituciones públicas.
Al igual que en otros ámbitos delictivos, la corrupción e impunidad obstaculizan los esfuerzos por impedir el robo de combustible.
El enfoque del Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero, es combatir el delito en flagrancia , es decir, centrar las investigaciones en los culpables directamente involucrados en el robo de combustible, pero este enfoque, corre el riesgo de descuidar a los criminales de alto nivel que son en gran medida responsables de la violencia asociada con el huachicoleo , así como a los funcionarios de Pemex que lo posibilitan y por lo tanto, los casos de robo de combustible que se persiguen tienden a apuntar a delincuentes de bajo nivel, que suelen carecer de la protección de la que disponen las figuras de mayor rango.
En México; se observa que la gran mayoría de las investigaciones que se centran en el robo de combustibles, almacenamiento o transporte de combustible, solo involucran principalmente a operativos rasos, o patrullajes de rutina de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional que incluso dan como resultado en la detención de personas criminales de bajo perfil o personas que son arrastradas a participar en el huachicoleo contra su voluntad.
Las experiencia compartidas nos han enseñado que la acción militar puede debilitar a los grupos criminales individuales, pero el crimen organizado mexicano ha demostrado una adaptabilidad general que sugiere que, por sí solas, es poco probable que las acciones armadas de aplicación de la ley sean un remedio eficaz y duradero para los niveles persistentemente altos de violencia del país, a menos que el Estado aborde las condiciones que dan lugar a la expansión y la competencia delictivas.
Los métodos tradicionales de combate a mercancías ilegales; no son adecuados para detener el robo de combustible o la participación criminal en las economías lícitas en general, porque las políticas de interdicción, no se pueden aplicar a los productos legales, toda vez que México seguirá necesitando oleoductos y del comercio licito de combustibles y la línea que divide el mercado negro cada vez está pintada más de gris, por lo que en lugar de dedicar todos los recursos militares únicamente a proteger oleoductos, que siempre pueden ser explotados en otros lugares, el Estado mexicano debería priorizar la protección de los civiles en sus despliegues en las regiones más conflictivas del país, y para ello, será necesario abordar la colusión y la corrupción, sobre todo mediante una supervisión externa e independiente para poner fin a la opacidad y la falta de responsabilidad de las instituciones de los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, incrementando los recursos necesarios para que los investigadores persigan los casos de conflicto criminal y corrupción relacionados con el robo de combustible dentro de Pemex y otras actividades criminales vinculadas con las organizaciones criminales que controlan dichos territorios del país.
Es decir; el Estado debería prestar más atención a la persecución de los responsables de homicidios y otros delitos violentos vinculados al robo de combustible, así como de los implicados en otros negocios criminales relacionados, como el tráfico de drogas, cobro de piso y el negocio de cuello blanco dentro de Pemex y las gasolineras, al tiempo de combatir la corrupción de las fuerzas de seguridad, a fin de disuadir la colusión con los grupos criminales.
Se necesitarán esfuerzos más enérgicos para erradicar la corrupción en Pemex y otros sectores estatales que vayan más allá del procesamiento individual de ex funcionarios designados por el presidente y la supervisión imparcial de las empresas e instituciones estatales requerirá el establecimiento de órganos de control externos en los que participen la sociedad civil y expertos, mientras tanto, se necesitarán unidades especializadas de procesamiento y aplicación de la ley, recurriendo siempre que sea posible a la experiencia internacional, para erradicar a los funcionarios corruptos de alto nivel que operan dentro de las instituciones estatales en connivencia con grupos criminales.
Una manera más eficaz de avanzar sería complementar las medidas de aplicación de la ley con el fomento del apoyo comunitario. Para identificar los tipos de apoyo que serían más eficaces, el gobierno federal debería elaborar planes regionales de apoyo adaptados a las causas y las líneas divisorias de los conflictos en las zonas prioritarias. Estos planes se diferenciarían de las estrategias nacionales en que proporcionarían una comprensión más precisa de los conflictos de cada región prioritaria y concentrarían los recursos en consecuencia. Deberían basarse en el análisis de los mercados y las cadenas de productos básicos de cada región que generan ingresos delictivos y competencia violenta; los principales autores de la violencia, tanto estatales como no estatales, y los vínculos entre ellos; las deficiencias y vulnerabilidades institucionales; y los vínculos entre los grupos delictivos y las comunidades, incluidos los métodos de reclutamiento y legitimación pública de los primeros.
Es fundamental que las intervenciones regionales aborden estos elementos de una manera mucho más sistemática que lo intentado hasta ahora.
Al igual que en México; la ilegalidad en la frontera entre Colombia y Ecuador, presenta aspectos catalizadores para la crisis socioeconómica de desplazamientos constantes, migración irregular y falta de oportunidades laborales, siendo causales determinantes en la modalidad delictiva de esa región, dado que la gran cantidad de combustible que funciona como contrabando desde Ecuador hasta Colombia, tiene principalmente repercusiones económicas considerando que el cambio de moneda es distinto, de dólar a peso, y que adicionalmente beneficia a narcotraficantes que usan la gasolina para producir y transportar sustancias ilícitas.
En este sentido; el contrabando de combustible en Ecuador, es un mercado difícil de abordar, mientras el narcotráfico se fortalezca cada día más, porque por un lado, la gasolina es un ingrediente clave para la transportación de personas migrantes, mercancías ilegales y para producir cocaína, se estima que el 28 % de la gasolina comercializada ilícitamente cada año, ha sido desviada a la producción de cocaína, y por otro lado, la crisis de hidrocarburos en otros países de la región, puede motivar al tráfico por la frontera colombo-ecuatoriana.
Para el crimen organizado el robo de combustible en esa zona es importante en cuanto a la producción de drogas y su relación con el transporte de combustible de forma ilegal entre frontera Colombo-Ecuatoriana, en una cadena de valor delictiva en las comunidades interfronterizas de ambos países que allí habitan y que por no tener otra actividad para realizar deben colaborar con actividades ilegales, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿Qué estrategias son posibles a implementar para contrarrestar las redes de contrabando de combustible en la frontera colombo ecuatoriana?
Las fronteras son franjas físicas que determinan los límites del Estado e instituyen la periferia geográfica en cada zona limítrofe terrestre, marítima o aérea, de esta manera se hace posible delimitar el alcance de la soberanía del territorio y de su autoridad que tiene sobre quienes hacen parte de este, pero también, los que transitan de manera temporal sobre esos espacios, pues la función esencial del Estado es mantener la defensa de la soberanía e interés nacional.
Es posible establecer que los problemas que se generan entre zonas limítrofes y el afianzamiento de las soberanías vecinas provienen del inadecuado establecimiento de mencionadas franjas.
En Colombia, el problema de la gestión de las fronteras es un aspecto importante en la política nacional, tomando como referencia, por ejemplo, hechos como la frontera con Ecuador, una frontera que por su ubicación se encuentra directamente relacionada con el contrabando y el narcotráfico. Cabe señalar, que las fronteras son amplias zonas territoriales que tienden a articular dinámicas económicas, sociales y políticas, y no es posible evitarlas dada la dependencia vecinal, lo que sí es posible, es evitar las conductas ilegales o ilícitas conforme a la política de cada Estado.
En el caso particular de la frontera entre Colombia y Ecuador, no solo existe el riesgo latente de crímenes organizados transnacionales por la violación a la soberanía, también existen numerosos problemas asociados al tráfico ilegal de diferentes materiales como estupefacientes o el tráfico de personas; estas actividades ilícitas se muestran como un fenómeno global de gran magnitud que impacta los sectores económicos, políticos, ambientales y sociales de las partes involucradas de tal forma que en el caso del medio ambiente se deforestan territorios, se contaminan las fuentes hídricas y se invaden predios dañando el medio ambiente.
El contrabando ha afectado significativamente la actividad productiva de ambos países, y especialmente el contrabando de combustible y por lo tanto es posible evidenciar que ninguno de los países involucrados cuenta con las herramientas necesarias para asumir los retos que conlleva la solución de la problemática mencionada, pues la falta de control territorial por parte de ambos Estados ante el flagelo del contrabando de combustible, ha generado un aumento en los niveles de criminalidad en la zona fronteriza, al igual que ha impactado negativamente los ámbitos sociales, ambientales, políticos y económicos en la zona y por tal razón, debido a la falta de una política pública fortalecida que presente una estrategia contra la criminalidad asociada con el contrabando en dicha zona, hace que el poder criminal, mantenga una presencia en la frontera que permea en la propia sociedad, sin que la autoridad pueda controlarlo.
De tal suerte que el contrabando de combustible; debe tener especial atención y sobre todo, debe generarse un trabajo conjunto entre los países involucrados.
La frontera colombo-ecuatoriana genera un gran influjo migratorio y comercial tanto de bienes legales como de bienes ilegales, evidenciando el transporte de combustible, este contrabando que se encuentra vinculado al narcotráfico, donde se han identificado diversos grupos delictivos que perforan oleoductos y poliductos de Petroecuador, donde colocan líneas de flujos que se conectan con piscinas artesanales, lo refinan y convierten en gasolina natural y este producto, se lleva a Colombia por pasos terrestres y fluviales clandestinos, además, con este combustible robado se utiliza en el proceso de producción de la cocaína, la cual se distribuye por la cordillera central y norte de los Andes, donde se concentra aproximadamente el 60% de la producción en Perú, 30% en Bolivia y el resto para Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina y Panamá.
Para producir un kilogramo de cocaína; se necesitan 74 y 86 galones de gasolina, los criminales solo utilizan el 38% del producto robado, por lo cual el 62% restante, se desecha en el suelo, ríos y zonas verdes.
Debemos tener en el radar que la salida ilegal de combustibles por las fronteras norte y sur es un problema que Ecuador, el combustible sale por rutas convencionales, a través de las tres provincias fronterizas con Colombia: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos; con Perú por las de frontera sur: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
Colombia no es uno de los grandes exportadores de petróleo, pero el crudo representa el 25% de sus exportaciones, tres veces más que el café.
El crimen relacionado con el petróleo ha sido un dolor de cabeza durante décadas, especialmente por la participación del crimen organizado y grupos paramilitares.
El robo de crudo es hoy una gran preocupación de seguridad mundial. Los cinco principales países acusados de tráfico de petróleo son Nigeria, México, Irak, Rusia, Irán e Indonesia, que tienen como principal particularidad la producción de crudo.
Simplemente en Irak; la industria petrolera es vital para la economía en Irak, pero ha sido objeto de controversias desde la década de los 90.
Eso ocurrió, por ejemplo, con el Programa Petróleo por Alimento, que comenzó a operar después de la primera Guerra del Golfo, permitiéndole a Irak que vendiera crudo en el mercado internacional a cambio de ayuda humanitaria; la iniciativa estuvo plagada de acusaciones de corrupción y más recientemente, el país ha tenido que enfrentar al autodenominado Estado Islámico, que controla algunas reservas, de hecho, desde el año 2017, se alertaba sobre que el petróleo, es la segunda mayor fuente de ingresos de la organización terrorista ya que desde ese año, la empresa aseguradora JLT estimó que Irak perdía unos $8,000 millones de dólares americanos al año por el robo del petróleo.
Es lógico que los delincuentes no pretenderán abandonar el jugoso negocio del contrabando de hidrocarburos y combustibles, ya sea por mar, tierra o a través de diferentes técnicas, continúan generando beneficios de este delito que muestra cómo la búsqueda de ingresos ilícitos en un contexto de impunidad general puede llevar a los grupos criminales a nuevos mercados y territorios por lo que abordar la corrupción, reducir la impunidad y ayudar a los necesitados mediante planes regionales específicos será esencial para garantizar que la lucha contra el robo de combustible.
Debemos tener en cuenta que también se han identificado varias estrategias de contrabando de combustibles en el mar; en la primera, los “huachicoleros” se aprovechan de las complejas regulaciones en materia de importación para hacer pasar un combustible por otro.
El segundo modus operandi visto en México; es robar el combustible en barcos que se encuentran en el Golfo de México, lo llevan a mar abierto para después ingresar a México con pedimentos de importación falsos y bajo el argumento de que se comercializó en mar abierto y con empresas internacionales.
La otra estrategia que se ha detectado es con barcos que tienen varios compartimentos cargados con combustible y al llegar a las aduanas sólo reportan uno.
Por otra parte; Burkina Faso, es el centro de un comercio transfronterizo ilícito de combustible de un millón de litros al año, ejemplo de un fenómeno que se extiende a lo largo de los 6000 kilómetros de la región del Sahel. En este lugar, el tráfico de combustible está socavando el estado de derecho; está alimentando la corrupción, transportado por redes criminales y gravado por grupos terroristas, el combustible ilegal fluye a lo largo de cuatro rutas principales que serpentean a través del Sahel, desviando millones de dólares de países que buscan estabilizar una región con problemas de seguridad en la que viven 300 millones de personas.
En agosto de 2021 fue cuando Gibraltar prohibió el petaqueo, como coloquialmente se conoce al suministro de combustible a las narcolanchas, además de material electrónico y otros víveres, que suelen ser un eslabón imprescindible para el éxito de las misiones de tráfico de drogas y contrabando en el Estrecho, por lo que a partir de entonces se endurecieron las penas por comerciar ilegalmente o poseer grandes cantidades de gasolina que sirvan para el repostaje de las gomas que generalmente se encuentran en alta mar, fuera de las aguas jurisdiccionales.
Marruecos importa la mayor parte del petróleo y gas que consume y los precios locales de la gasolina suelen ser uno de los más altos del norte de África y el Medio Oriente; por lo que eneste contexto, la venta de gasolina y diesel robado es una práctica común en las regiones cercanas al borde con Argelia, donde habitualmente se ven caravanas de burros transportando los productos en bidones de plástico, el combustible robado a Argelia es vendido en Marruecos y Túnez.
Desde el año 2012; existe información sobre la industria del gas y el petróleo en Nigeria, donde desde entonces se observa la magnitud de la corrupción y la mala administración de los recursos, con pérdidas para el país de miles de millones de dólares cada año, lo más irónico es que Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y, al mismo tiempo, uno de los más desiguales, con sorprendentes niveles de violencia y pobreza.
En Tailandia y Singapur; los autos son modificados para albergar depósitos secretos de combustible con una capacidad de 500 litros, ocultos bajo los asientos traseros, se infiere que tres millones de litros de combustible son contrabandeados diariamente desde Malasia a Tailandia.
En conclusión podemos decir que la gran mayoría del robo de combustible a nivel mundial, ha caído bajo el control del crimen organizado, participando en el negocio ilegal, de manera directa o indirecta, al cobrar impuestos-criminales a los ladrones más pequeños para que puedan operar en algún territorio del planeta y se estima que el robo, la adulteración y los fraudes relacionados con el petróleo y el gas generan unos US$133.000 millones al año, según un estudio realizado en la Universidad de Yale, lo que representaría al Producto Interno Bruto (PIB) de Kuwait, uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial.
El contrabando es un viejo problema con nuevos protagonistas en un mundo globalizado; donde las Organizaciones Criminales Internacionales tienen fuertes alianzas mundiales, para operar de lo internacional a lo local y de lo local a lo internacional, y para ello; aprovechan la capacidad, el conocimiento de la zona en la que se va a operar para la sustracción, para el almacenamiento, las rutas y para distribuirlo en las localidades ya previamente controladas también por ellos, potencializando la experiencia de contrabandistas locales para sortear obstáculos fronterizos, legales, y hasta para burlar, corromper o enfrentarse a la fuerza pública, de tal suerte que es indispensable que la estrategia para combatirles, sea supranacional, el comercio ilícito es el resultado de la oferta y la demanda toda vez de que por un lado vemos a la demanda por productos más baratos, o productos específicos percibidos como de mejor calidad o que no están disponibles en el mercado legal; y por otro lado, vemos a los fabricantes de productos legales e ilegales que buscan aumentar sus ventas, beneficios y participación de mercado; o, a su vez, penetrar en nuevos mercados, todos éstos facilitados por la corrupción e impunidad, la presencia de redes criminales y la incipiente capacidad de los gobiernos que trabajan aisladamente para controlar estos hechos.
Para ser más claros; con la globalización aparece otra forma de contrabando, el tráfico manejado por mafias transnacionales, que es un fenómeno que va por encima de las soberanías, en donde ya no se trata de comerciar productos lícitos sino vender bienes ilícitos como drogas, combustibles, armas, bienes robados, inclusive se trafica con personas. Este ya no es un problema nacional sino transnacional que va por encima de las fronteras.
El derecho penal es de última ratio y no debe ser tomado como la primera solución a los conflictos de contenido social, incluida la delincuencia. Constituye la estrategia más dura que tiene en mano el Estado, pero esto no significa que sea la única y la más efectiva, entonces la lucha contra el contrabando no debe ir encaminada únicamente a la aplicación de la norma penal, sino que también y a la par, es muy importante que además de la fuerza del Estado, esta debe ir acompañada de una serie de políticas públicas que coadyuven a erradicar este mal pandémico que perjudica a varias naciones.
Citando al Dr. Calvachi: “La administración pública se alimenta de los ingresos fiscales y uno de estos es precisamente el ingreso impositivo mediante el control aduanero. La afectación a la funcionalidad del Estado también opera por la evasión ilícita del control aduanero. Entendido de manera general, el contrabando consiste en la introducción o la extracción ilegal de mercancías de un país. La concurrencia de esta conducta ilícita no sólo afecta patrimonialmente al Estado sino que también lo hace de manera extensiva a la industria nacional, y en cuanto ésta tiene incidencia decisiva en el orden económico, se entiende que también el ilícito produce efectos lesivos en bienes o intereses jurídicos de orden particular.”
Luego entonces es los esfuerzos institucionales han ido encaminados a realizar acciones reactivas y no se han preocupado por fortalecer alianzas supranacionales que puedan fomentar una cultura de prevención del delito de contrabando a base del uso de la inteligencia, contrainteligencia y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley desde lo local hacia lo nacional y de lo nacional hacia lo internacional, tal como opera el Crimen organizado en sus redes globales con sus tres formas bien identificadas de contrabando: el contrabando masivo, el contrabando hormiga y el contrabando técnico que es la defraudación aduanera.
Los controles inteligentes son necesarios para mantener el balance entre facilitación y control aduanero, incrementando el uso de tecnología como por ejemplo los controles no intrusivos o rayos x o de otra tecnología que permita detectar los objetivos buscados.
Es importante mencionar que el control con algún tipo de escáner es una manera inteligente, que permite controlar un contenedor, un camión o un carro que cruza la frontera y detectar si trae o no algún tipo de mercancía oculta. El costo del control (tiempo) no debe ser asumido por el ciudadano, por eso hay que hacerlo de manera eficiente, manteniendo un buen servicio.
Se debe buscar una Coherencia entre marcos legales y políticas públicas toda vez que la corrupción, la impunidad, la informalidad, las asimetrías políticas y comerciales, así como las características geo-históricas de las sociedades donde se concentra el contrabando, son factores que condicionan su arraigo.
Finalmente; podemos afirmar que en nuestra historia, siempre han existido contrabandistas, traficantes y piratas, pero nunca tan globales y tan ricos como hoy.
Este tipo de delito en general se establece a través de las diferencias fiscales entre territorios fronterizos o no.
En nuestros países latinoamericanos, la existencia del contrabando se evidencia desde el periodo colonial, vinculada al sistema mercantilista español y portugués, sin embargo, en los días actuales, esta práctica ilícita sigue persistiendo como un problema crónico en la región y en el mundo.
