A propósito de conmemorar el inicio de la revolución mexicana este 20 de noviembre, hace un siglo, el general revolucionario y posteriormente presidente de México Álvaro Obregón desnudaba la ambición que acompaña a la política y la forma de someter a los que la estelarizan. “No hay quien aguante un cañonazo de 50 mil pesos” marcó la ecuación de su apotegma.
Esto no es nada nuevo, la corrupción y los acuerdos debajo del agua; han imperado en México durante décadas; es una práctica común, ese delito que se da en el seno del poder, que lesiona y daña a la sociedad, y que a la vez ocasiona incalculables costos, que atentan contra los intereses nacionales y que incluso puede afectar a otras naciones.
Hoy los carteles en México están usando armas no convencionales, las minas explosivas sembradas por el narco en Aguililla, en el oeste de México, encendió las alarmas sobre la escalada de violencia en una zona ya de por sí asediada durante años por el fuego cruzado entre grupos rivales.
Es así que el crimen organizado ahora utiliza minas artesanales en los caminos y drones cargados con explosivos. Entonces, el peligro ya no viene solamente de personas armadas, también se debe tener cuidado en el suelo con lo que se pisa y cuidarse de lo que hay en el cielo.
Las minas antipersona, recuerdan a las estrategias utilizadas en países de grandes conflictos armados y los drones con explosivos le dan un ingrediente al ingenio de los criminales mexicanos para buscar la forma de innovarse frente a sus adversarios, esto se suma al arsenal que los carteles mexicanos han adquirido para aumentar su poder y diversificar sus armas hasta contar con muchas de las utilizadas por militares, otras por grupos subversivos e incluso por organizaciones terroristas.
En efecto, a medida que la violencia aumentó en México, los grupos criminales adoptaron en la última década un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas y, sobre todo, en sus armas.
Durante este gobierno mexicano se han caído muchos helicópteros, esto lo atribuyen a fallas mecánicas y humanas, descartando atentados, pero la información y antecedentes sobre el armamento de la delincuencia organizada puede dejar pensando a muchos sobre otras causas como los posibles atentados.
Después del accidente del 4 de noviembre de 2008 en el que murieron el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el ex subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, diversos transeúntes, testigos del desplome del avión, afirmaron haber visto una bola de fuego o un destello de luz aproximarse a la nave de los funcionarios federales. Aunque la versión oficial de este caso indica que la muerte de estos colaboradores del expresidente Felipe Calderón se debió a un fatal accidente, el hallazgo de un misil, el martes 24 de mayo de 2011 en Morelos, y varias operaciones encubiertas de los Estados Unidos y el operativo fallido Rápido y Furioso, para vender armas cortas, armas largas e incluso armas calibre 50, RPG y misiles antiaéreos a narcos mexicanos, documenta información que pudiera demostrar que no todos los desplomes de aviones y helicópteros se pudieran deber a accidentes, por lo que el gobierno de México aún tiene mucho que explicar, ya que también mucho armamento no solo es de origen estadounidense, de tal suerte que los narcotraficantes podrían tener un arsenal de misiles antiaéreos que ingresaron por la frontera sur mexicana, armas que provienen de otros paises.
Recordemos que 14 de febrero de 2009, la Secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, solicitó a su embajada en Moscú “agotar todos los recursos” para evitar que los oficiales rusos vendieran a Venezuela sistemas de misiles antiaéreos Igla-S, principalmente por el temor de que esos artefactos cayeran en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el cable 09STATE14070, cuyo contenido se dio a conocer el 9 de diciembre de 2010 por WikiLeaks, la señora Clinton indicaba que discos duros confiscados a las FARC contenían referencias en el sentido de que Venezuela y esa guerrilla mantenían conversaciones para que el gobierno de Hugo Chávez dotara a los rebeldes colombianos de las armas conocidas en Estados Unidos como sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS, por sus siglas en inglés), y desarrolladas en Rusia como Igla-S.
Este tipo de misiles antiaéreos fueron introducidos al servicio del Ejército ruso en 2004, tienen un peso de unos 20 kilogramos, pueden derribar aviones o helicópteros a varios kilómetros de altitud, burlar los detectores electrónicos que portan muchas naves militares y, sus lanzaderas, ser operadas por una sola persona.
Desde luego que la preocupación estadounidense era el abastecimiento de estos misiles a las FARC, otro asunto que molestaba a la secretaria de Estado era que cayeran también en manos de narcotraficantes mexicanos, como lo expresó en el mismo cable: “Tememos que si estos sistemas sofisticados caen en manos de las FARC, éstas pudieran posiblemente venderlos o intercambiarlos con las organizaciones de las drogas, incluyendo aquellas de México que activamente están adquiriendo armas poderosas y altamente sofisticadas para usarlas contra fuerzas del gobierno”.
Los pronósticos de Clinton se cumplieron y fue inevitable las transacciones de armamento ruso, ya que Rusia vendió esos misiles a unas 30 naciones, incluidas México, en donde la Marina Armada los presentó públicamente en el desfile militar del 16 de septiembre de aquel 2009, y a Venezuela, donde Chávez las había presentado el 19 de abril, en una ceremonia solemne llevada a cabo en la avenida de los Próceres en Caracas, con la participación de las Fuerzas Armadas, para conmemorar la Independencia de esa nación.
Recientemente documentos obtenidos por los hackers Guacamaya, miembros del Ejército mexicano vendieron armas a diversos grupos delincuenciales.
El temor estadounidense de que grupos de narcotraficantes mexicanos estén adquiriendo armas sofisticadas, se comprobó el 24 de mayo de 2011, cuando se evidencio después de apagar un incendio en una bodega que fabrica cosméticos, los bomberos de Cuernavaca hallaron un misil antiaéreo. El artefacto, de color verde y punta negra, de aproximadamente 90 centímetros de largo, y con la leyenda escrita “106 r drill inert CARY M368”, fue asegurado por soldados de la XXIV zona militar, quienes detuvieron al dueño de la fábrica.
No obstante, esta no es la primera vez que en México se halla un misil o inquieta que uno de estos explosivos caiga en manos de delincuentes. Lo peor es que no se sabe si estos artefactos antiaéreos provienen de los arsenales del Ejército Mexicano, del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México o de la porosidad de la Frontera sur mexicana que permite el ingreso de armas de las FARC, de Rusia o de Venezuela.
El 17 de mayo de 2011, apenas una semana antes del hallazgo de Cuernavaca, dos ojivas de cañón lanzagranadas fueron encontradas en un predio abandonado de avenida del Taller, entre las calles Retorno 15 y 11, en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México.
Es importante destacar que esa vez sin observar los procedimientos de los grupos antiexplosivos, que establecen que el lugar debe ser acordonado y resguardado hasta la llegada de especialistas, un empleado del Sistema de Protección y Restablecimiento de la Ciudadanía de la Región Centro, trasladó ambos artefactos en una camioneta, por más de 22 kilómetros, hasta la Dirección de Emergencias Mayores de Protección Civil del Distrito Federal, en la colonia San Jerónimo Lídice. Lo peor es que la Directora General de Emergencias Mayores, justificó el procedimiento de ese empleado, argumentando que contaba con 14 años de experiencia en materia de Protección Civil y por ello “actuó salvaguardando la vida de las personas”. Lo que también demuestra la falta de entrenamiento y capacitación de los servidores públicos para enfrentar estas emergencias.
También es importante recordar que después de una incautación realizada a criminales en Managua, Nicaragua, el 11 de enero de 2005, se entregó un informe a los departamentos de Estado y de Defensa de la Unión Americana en el que se advirtió que existían en aquel entonces unos 80 misiles en el mercado negro, incluyendo una cantidad no determinada que estaban en manos de carteles de droga, guerrilleros colombianos de las FARC y terroristas internacionales, presumiblemente para atentar contra fuerzas del orden, presidentes y líderes de América Latina. El informe indicó que al menos dos misiles tierra-aire de fabricación rusa SAM-7 se encontraban en poder de “una red de narcotraficantes mexicanos, llamada Los Zetas”.
Otro interesante hecho fue el ocurrido el 18 de noviembre pero del año 2008, cuando un misil de 50 centímetros de largo fue encontrado en el borde de un canal de aguas negras del Río Becerra, entre San Antonio y Periférico, en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El hallazgo ocasionó una gran movilización policiaca y, tras el aseguramiento del arma por elementos de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, el caso quedó archivado.
Al año siguiente el 14 de mayo de 2009, otro misil fue encontrado pero esta vez antiaéreo, de guía infrarroja y soviético, localizado en la playa Bagdad, frente a la zona comercial de Matamoros, Tamaulipas, frontera con Texas Estado Unidos por el empleado de un hotel. La Secretaría de Marina puso a resguardo el arma, diseñada para ser disparada desde el hombro, la cual llevaba escrita la leyenda: “No se manipule. Contiene fósforo que causa serias quemaduras. Notifique a las autoridades policiacas o militares”.
La Armada de México, que peinó la zona en busca de más misiles, dijo que de haber detonado, el proyectil, de 10 centímetros de ancho por 50 de largo, hubiera causado severos daños, ya que su poder de destrucción masiva oscila entre los 150 y los 200 metros cuadrados, mientras que tiene un alcance de 3 mil 400 metros.
El 23 de marzo de 2011, en la Corte de Distrito de Phoenix, Arizona y derivado de la Operación White Gun tres personas: David Díaz Sosa, Jorge de Jesús Castañeda (ambos de Sinaloa) y Emilia Palomina (originaria de Sonora), fueron acusadas de intentar comprar en los Estados Unidos dos lanzamisiles con capacidad para derribar aviones desde tierra, así como otras armas militares para el cártel de Sinaloa. Este complot, comenzó el 25 de noviembre de 2009 en un casino de Las Vegas cuando fue descubierto, porque los sospechosos intentaron adquirir el armamento negociando pagos en efectivo, joyas y drogas con agentes federales estadounidenses encubiertos. Las armas que estos delincuentes buscaban eran un lanzamisil de guía infrarroja tierra-aire, del sistema FIM-92 Stinger (200,000 dólares), un misil antitanque Dragon Fire (100,000 dólares), otro Law Rocket (20 mil dólares), varias ametralladoras M-60, bazucas, pistolas antitanque, lanzagranadas, granadas y al menos mil proyectiles con punta de oro. (DENOMINACIÓN: GOLD DOT (punto de oro).TIPO: Munición especial de defensa. CARACTERÍSTICAS: Es un producto lanzado en 1993 por la empresa CCI y se trata de una bala con punta agujereada con nervaduras internas que evitan que el proyectil se parta al expandir. Posee un proceso de encamisado por deposición electrotérmico que une en forma muy fuerte el núcleo con el encamisado y permite una alta retención de masa (95%). OBSERVACIONES: Posee una rápida y controlada expansión alcanzando buenos niveles de detención.) David Díaz Sosa habría actuado como primer comprador e intentó adquirir las armas para un hombre identificado como Enrique LNU, quien trabajaba para el cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora. El arsenal iba a ser enviado a Yucatán, para ser dividido entre Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y otro hombre llamado Dámaso López, presuntos líderes de esa organización, Tanto el Chapo como Dámaso se encuentran encarcelados en los Estados Unidos actualmente en prisiones de máxima seguridad. Según las investigaciones, querían armas específicas que pudieran “hacer el mayor daño”, pero la operación encubierta, llamada White Gun, montada por la Agencia Federal Antidrogas, bajo la supervisión del agente Doug Coleman, y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, fue desmantelada el 17 de febrero de 2010. El fiscal federal que procesó el caso, Dennis Burke, señaló que era “escalofriante pensar en lo que los narcotraficantes están intentando hacer con misiles antiaéreos”.
Estos hechos fueron dados a conocer en la Unión Americana en medio de un conflicto cada vez más tenso debido al tráfico ilegal de arsenales de Estados Unidos hacia México y del descubrimiento del fallido operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual se internaron a territorio mexicano casi dos mil armas, con la intención de rastrear a sus compradores. No obstante, del operativo White Gun (pistola blanca) nada saben aún el Senado o el gobierno mexicanos, y mucho menos se tiene noción si más misiles fueron vendidos a mas organizaciones de narcotraficantes de México ni en qué cantidad.
Lo cierto es que bandas aliadas al Cartel Jalisco Nueva Generación y al Cartel de Sinaloa generan el caos en su pelea por controlar los corredores de droga hacia Europa, Medio Oriente, Estados Unidos, Canadá, África, Oceanía, Asia, Centroamérica y América del Sur y por lo menos en México los grupos del narcotráfico, han demostrado tener el arsenal suficiente para derribar aeronaves de las Fuerzas Armadas en medio del aumento de la violencia en el país, frente a una estrategia de seguridad que ha sido criticada hasta por instancias internacionales, en tanto, mientras, los grandes grupos criminales siguen acumulando poder y armamento.
Los avances en las tácticas de los carteles mexicanos en los últimos años y sobre la evolución de su armamento con artefactos explosivos aéreos, la adopción de minas terrestres o drones armados refleja una escalada de violencia potencialmente indiscriminada.
Representan amenazas potenciales significativas a las que el gobierno mexicano tendrá que responder y evitar antes de que proliferen entre otros grupos dentro del país.
Estas demostraciones de fuerza son una muestra de poder para causar terror e impresionar a la población, al gobierno municipal, estatal e incluso federal, así como a los rivales o competidores criminales, pero también tienen una utilidad táctica verdadera. Son propaganda con capacidad operativa real. De cara al futuro, una vez que haya un cartel que a través de la violencia y terrorismo, tenga definitivamente el control de una parte del territorio nacional, la violencia e innovación serán cada vez más pronunciadas. A medida que el conflicto se traslade a otros frentes donde los carteles compiten, esas nuevas áreas en disputa se convertirán en incubadoras de innovación táctica, como una epidemia.
El Ejército mexicano sigue teniendo mucho más poder armamentístico que los carteles en forma de tanques, artillería o helicópteros, etc. Pero mucho de este armamento no puede ser utilizado en contra de la población civil, por lo que quedan limitadas las fuerzas armadas de hacer uso de ese material en contra de los delincuentes.
Por otra parte otra arma utilizada por las organizaciones criminales es el cañonazo de dinero, uno de los puntos débiles de los 3 niveles de gobierno mexicano y es que los carteles se involucran en actos de corrupción que socaban las instituciones. Las unidades policiales municipales, estatales, la Guardia Nacional e incluso las Fuerzas Armadas en terreno pueden ser vulnerables a la corrupción.
Lo cierto es que pese a lo que se diga; es evidente el cinismo que permea entre quienes han hecho de la corrupción su modus vivendi; está a la vista de toda la ciudadanía.
