México y Estados Unidos, junto con Canadá, representan una potencia económica, por esa razón dicho territorio debe contar con instituciones eficaces y plenamente coordinadas en materia de seguridad y defensa, sobre todo con el aumento acelerado de la inflación que representa una amenaza directa para el bienestar de las familias en esos países y requiere acciones robustas, inmediatas y concertadas. Si se diseña una buena estrategia conjunta, las fronteras podrán ser más resilientes, serán más eficientes y más seguras por lo que al mejorar esa parte del territorio, la dinámica económica se vera fortalecida.
Para tener una zona más segura se debe completar un plan conjunto de varios años de modernización de la infraestructura fronteriza México-Estados Unidos para impulsar proyectos a lo largo de la frontera de más de tres mil kilómetros. Lograr el esfuerzo conjunto de seguridad podrá alinear otras prioridades, unirá a las comunidades fronterizas y hará que el flujo comercial y de personas sea más seguro y eficiente.
El gobierno mexicano actual debe erradicar la idea de pacificación del país, con la retórica de abrazos y no balazos, ese discurso debe quedar enterrado y comenzar a trabajar con seriedad, sobre todo haciendo Operativos Conjuntos e Interagenciales con agencias locales y extranjeras.
A los criminales se les han regalado por lo menos 4 años para poder armarse, prepararse, fortalecerse. Es verdad que ha habido algunos golpes puntuales, pero la norma ha sido el dejar hacer, dejar pasar. También es inevitable que autoridades de unos países opinen sobre otros, particularmente cuando deben enfrentar un desafío multinacional como el narcotráfico y el crimen organizado. Lo hace México cuando le pide a Estados Unidos que controle el tráfico de armas y ellos, Estados Unidos, con toda razón, también piden saber cuál es la estrategia de seguridad de México para trabajar en consonancia, además, Estados Unidos está dispuesto a invertir recursos económicos humanos y materiales para que la región mejore.
México no puede decir que la política de seguridad la definen ellos solos y sin cooperación de otras naciones, en realidad no es así y no debe ser así. Cada vez más por uso de fentanilo que proviene en un alto porcentaje de México mueren cientos de estadounidenses, sería absurdo pensar que Estados Unidos no va a buscar opinar o intervenir en la política antidrogas de México, pasadas estas elecciones intermedias en Estados Unidos, lo hará en forma diplomática o con rudeza, como en el tema migratorio, pero lo hará cada vez más tratando de lograr aterrizar acuerdos para puntualizar las acciones que den como resultado un trabajo conjunto en contra de la delincuencia organizada transnacional.
Sólo se logrará tener éxito en ambos países con un progreso en la lucha contra el crimen organizado una vez que México desarrolle y comparta (con Estados Unidos) una estrategia integral para confrontarlo. Es alarmante a casi dos años que termine la actual administración mexicana, que no se conozca la estrategia antidrogas de la administración de López Obrador y es importante conocerla por la necesidad de Estados Unidos, que México comparta con ese país e incluso con Canadá una estrategia con objetivos claros, a la fecha no conocemos la estrategia de seguridad, no sabemos cuál es y a qué objetivos quiere llegar. Hablar de pacificación, de programas de consolidación de la Guardia Nacional está muy bien, pero eso no es una estrategia, en todo caso son instrumentos para implementarla.
Desde el Culiacanazo y los distintos hechos de violencia en México, se demuestran no sólo esas carencias, sino, incluso, la necesidad de revisar todo lo hecho y realizado por la actual administración, porque lo sucedido en estos casi cuatro años define para el futuro inmediato un escenario distinto, diferente: dejar que aumenten los actos narcoterroristas, como incendios y enfrentamiento violento directo contra presidentes municipales diputados gobernadores e incluso contra las fuerzas de seguridad y defensa locales y federales ya enseñó a los grupos criminales un camino que recorrer. Nada impedirá ahora que ante una detención o la amenaza de una extradición, un grupo criminal pueda presionar no sólo en la ciudad o la región donde se produjo esa acción, sino a muchos kilómetros de distancia.
Todo esto obliga a definir nuevas estrategias militares y policiales para que al mismo tiempo se pueda cambiar y modernizar los mecanismos judiciales anacrónicos para este tipo de combate y obligar a revisar esa estrategia que no conocemos, pero que ha permitido años de relax a los grupos criminales y, por ende, los ha fortalecido. No ha redundado ello en pacificación: se ha incrementado el número de muertos, de violencia y de todos los delitos de alto impacto. Se debe reconocer que nos falta hacer uso de los productos que se entregan desde las agencias de inteligencia militares y civiles. Los oídos sordos o los ojos ciegos respecto a esa información que fluye por todo el nivel jerárquico hasta llegar al titular del ejecutivo Federal de nada servirán.
Por otra parte el trabajo conjunto e interagencial es fundamental y ha dado buenos resultados cuando se trabaja de esa manera, más de un operativo fue exitoso (como las dos capturas de El Chapo Guzmán) porque se compartió inteligencia crucial con Estados Unidos, desde intercepciones telefónicas hasta ubicación satelital.
Así también lo vimos con la captura de Rafael Caro Quintero a pesar de que digan que solo fue trabajo de agencias mexicanas, eso no es verdad, se logró ese operativo y fue exitoso, gracias al apoyo de los Estados Unidos y eso debe reconocerse.
También es verdad que en su mayoría hoy no tenemos ese tipo de intercambio como el que se tenía sexenios atrás, porque como lo he mencionado, salvo para temas muy específicos fue cancelado. No ha habido extradiciones importantes y en gran número como en otros gobiernos a los Estados Unidos. Se deben reabrir las puertas de las instituciones mexicanas, ahí donde se realizaba mucho del trabajo cotidiano de intercambio de información, de pedidos de extradición, de seguimiento de ciertos delitos y delincuentes para articular operaciones quirúrgicas exitosas.
Cada día que pasa y que se acerca el inicio del 2023 y las próximas elecciones del 2024 que enmarcan el final del gobierno de López Obrador, es lamentable ver que el manoseo de la clase política con la seguridad pública del país, oscila entre la irresponsabilidad y la negligencia. Pareciera que no se asume que hay más de 80 asesinados cada día, que hay territorios donde el control no lo tiene el Estado, que en este gobierno hay ya 30 mil desaparecidos, que las extorsiones, el cobro de piso, los asaltos a comercios y transportes dañan cotidianamente a la sociedad y a las empresas, parece importar poco que el 64% de las personas se sientan inseguras y que ese porcentaje aumente hasta 70.5% en las mujeres. Que haya ciudades como Fresnillo, Irapuato, Zacatecas o Naucalpan, donde los índices de percepción de inseguridad superen el 90 por ciento. Salvo algunas voces, cada día más aisladas, en la clase política están jugando electoralmente con la seguridad y pareciera que ninguno de los actores, como ya ha pasado en sexenios pasados, quiere encontrar una solución estratégica al tema, pese al creciente empoderamiento criminal. Mientras ese debate político sucede habrá que reflexionar sobre la siguiente pregunta ¿Cuántas entidades federativas y municipios tienen policías eficientes o cómo se pueden establecer políticas de seguridad exitosas con colaboración institucional, presencia y control de la sociedad civil, sobre todo de empresarios dispuestos a apoyar social, incluso financieramente esos esfuerzos? Y ¿Qué políticas con objetivos bien definidos pueden implementarse o se implementan a nivel subnacional? Siguiendo ese esquema de cooperación y colaboración institucional, presencia social y empresarial y objetivos claros se han dado casos de éxito que ahora pareciera que nadie recuerda. Casos como Ciudad Juárez y Tijuana hace años, dos ciudades que luego se volvieron a dejar caer en manos del crimen organizado, fueron exitosos; Nuevo León desde la creación de la Fuerza Civil, tiene una de las mejores policías del país creada con base en el modelo de la Policía Federal, pero con una enorme participación social y empresarial detrás de ella. En vez de profundizar las rupturas, habría que ahondar en las historias de éxito donde se tuvo mucho apoyo de Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida, de agencias de seguridad y defensa estadounidenses, pero también de USAID. Hoy nadie parece recordarlas. Ya es tema electoral y como la sucesión ya está abierta, muchos han elegido la seguridad como el tema de confrontación. Pero no para un debate superador, que urge, sino para convertirlo en un juego de descalificaciones en el que, sin duda, habrá un ganador, los grupos criminales. Todavía no puede hablarse de México como un «Estado fallido», pero está muy pocos pasos de que así sea, ya que las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema, por que el crimen organizado ha causado una especie de estado de terror en el que tanto la acción de los carteles como las estrategias del gobierno han generado espirales de violencia y el gobierno federal necesita recuperar el control de ciudades ocupadas por la delincuencia organizada transnacional.
En América Latina, el debate sobre la seguridad ha pasado de las tradicionales amenazas estatales a las nuevas amenazas. Esto no quiere decir que los gobiernos hayan excluido de sus agendas el conflicto interestatal, sino que se considera que estas nuevas amenazas son hoy las principales fuentes de desestabilización y debilitamiento de las jóvenes democracias de la región. Así, la agenda de seguridad mexicana incluye nuevos temas y también percepciones distintas acerca de cómo enfrentar las nuevas amenazas. Dos temas nuevos son el narcoterrorismo y la migración temas que se deben trabajar de manera conjunta e interagencial de la mano de Estados Unidos.
Las nuevas amenazas a la seguridad de México representan un grave riesgo para la gobernabilidad y la democracia, por la debilidad de las estructuras institucionales y es cada vez más frecuente emplear a las Fuerzas Armadas para enfrentar estos retos, por lo que no será suficiente solo contar con las Fuerzas armadas, ya que se requiere el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública subnacionales fuertes y de una estrategia con objetivos estratégicos claros y metas puntuales y de no iniciar un fortalecimiento de las policías locales, se obstaculizara la evolución «normal» de las estructuras civiles del Estado y prolongara el poder político de los militares.
Por ello, la reforma del Estado debería incluir un esfuerzo para profesionalizar y dotar de recursos a los cuerpos policiales, las estructuras de inteligencia, los sistemas de justicia y de prevención civil, de modo que las fuerzas militares sean solo un recurso de última instancia.
En el caso de la cooperación con EEUU, las nuevas relaciones por medio del entendimiento Bicentenario podrían implicar un cambio muy importante si se abre a la cooperación conjunta real en las tareas de campo en la guerra contra el crimen organizado, en particular contra el narcotráfico, al mismo tiempo se debe tener bien limitada la línea de cooperación en la medida en que la participación estadounidense no solo se enfoque en el equipamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas sino también a las fuerzas civiles locales, lo que puede ayudar a superar los recelos históricos internos y externos ya que la influencia externa podría catalizar un proceso de modernización militar pero también del fortalecimiento de las fuerzas policiales Subnacionales. Si por el contrario, solo se enfocan en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con equipo y entrenamiento y se siguen abandonando las fuerzas civiles locales, se podría debilitar el proceso de reforma y afectar las relaciones cívico-militares en México.
